Morelia, Mich; (OEM-Infomex). La propuesta de reforma constitucional con la que se pretende extinguir a los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) tiene distintas aristas que, según especialistas, ponen en riesgo el sistema político-electoral del país, la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y los ahorros que de acuerdo con la iniciativa de Morena se pretenden generar.
Luego de que a mediados de año se presentara ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el proyecto de modificación a los artículos 40, 41, 99, 116, 122 y 134 de la Constitución Política de México para eliminar a los OPLEs bajo el argumento de que es muy costosa la organización de las elecciones locales en los estados, los análisis al respecto no han cesado.
El especialista en Derecho Constitucional y catedrático en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Jorge Álvarez Banderas, consideró que la propuesta de economizar gastos es buena pero relativa ya que el INE tendría que recontratar al personal de los organismos estatales porque no tiene la capacidad humana y técnica para llevar los comicios locales.
“Los OPLEs son burocráticos porque cuestan mucho, pero también descansan largos periodos cuando no hay procesos electorales y en lo que también se puede pensar es que el Ejecutivo federal pretende tener poder político sobre el INE”.
A lo que dijo eliminar los OPLEs es un riesgo para el sistema democrático electoral por la posibilidad de que exista trasfondo de control político hacia el organismo autónomo de frente a siguientes procesos electorales.
DESAPARICIÓN NECESARIA PARA FORTALECER AL INE
El doctor en Administración Pública, Miguel González Galván, consideró adecuada la propuesta de Morena al señalar que se fortalecería al INE y generaría mayor credibilidad a resultados de votaciones electorales.
El también autor del libro “La institución administrativa electoral nacional: Su diseño y desarrollo institucional (1990-2018)”, comentó que la legislación debe modificarse para mejorar la estructura democrática del país.
Y es que derivado de los procedimientos y la transición de la Comisión Federal Electoral a Instituto Federal Electoral (IFE), actualmente Instituto Nacional Electoral (INE), ha traído “dinámicas de trabajo irregulares con relación a los sistemas electorales locales”.
Explicó que muchas de las atribuciones que hoy tiene el INE le corresponden a los tribunales y una reforma a la Constitución y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permitiría que el INE organice todos los procesos, se empodere y propicie un mejor desarrollo político en la institución.
Unificar en un mismo proceso, cada tres años, la elección de autoridades federales, estatales y municipales implicaría menores gastos de recursos para campañas, planeación y evaluación a las estructuras del instituto, agregó.
AHORROS DE 7 MIL A 9 MIL MDP
Recientemente el Congreso de la Unión realizó foros y mesas de análisis con representantes de los OPLEs, consejeros del INE y magistrados de los tribunales en la materia, luego de que el diputado por Morena, Sergio Gutiérrez Luna, presentara la iniciativa de reforma para generar ahorros de entre siete mil y nueve mil millones de pesos anuales cuando no haya periodo electoral y casi 5 mil millones de pesos en años electorales.
La postura del INE en voz de su consejero presidente, Lorenzo Córdova, es de que la propuesta vulnera la autonomía del sistema electoral en México y provocaría una cooptación política de las autoridades en la materia.
Por tanto explicó que, si la intención es economizar gastos con la desaparición de los OPLEs, propuso reducir costos por padrón electoral en los estados donde a través de una modificación a la Ley General de Partidos Políticos el cálculo se haga sobre el 30 por ciento del padrón electoral y no sobre el 65 por ciento como actualmente se hace.
Con dicho mecanismo se alcanzaría un ahorro real de dos mil 500 millones de pesos anuales, además de otros cuatro mil 500 millones de pesos en elecciones federales si se instalan urnas electrónicas para la votación ciudadana pues con ello se disminuyen gastos por trabajo de campo, capacitación electoral, integración de casillas, materiales y papelería electoral, así como lo correspondiente al cómputo distrital y recuento de votos en los estados.
En tanto que el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, aseguró que extinguir los OPLEs resultaría desalentador porque se tendría que reestructurar al instituto para organizar el trabajo local.
El registro de candidaturas, elaboración de boletas locales y cómputo de votos, son algunas de las responsabilidades que recaerían en el INE además de que la Cámara de Diputados definiría la integración de los consejos locales donde los vocales ejecutivos asumirían funciones como secretarios de esos consejos.
Antecedentes
En 2014 por reforma a la legislación se creó un sistema mixto para que el INE absorba casi 70 por ciento de las responsabilidades locales y con eso se contrarrestó la subordinación de los organismos electorales locales con los titulares del Ejecutivo de cada estado.
Algunos ejemplos documentados en medios de comunicación refieren procesos electorales destaca Michoacán desde la elección de Lázaro Cárdenas Batel donde se presumió ejercicio irregular en el poder y el periodo corto que le tocó a gobernadores posteriores tal y como ocurrió en Baja California con el caso Bonilla.
En 2016 y 2017 el organismo electoral de Colima cayó en inconsistencias al declarar como ganador a un aspirante panista para la gubernatura y poco tiempo después desistir del procedimiento.
En Veracruz, el entonces gobernador Javier Duarte, se dijo que manipuló las elecciones locales, mientras que en el Estado de México en 2017, el instituto electoral local demostró preferencias hacia el candidato priista Alfredo del Mazo.
De manera que continúa pendiente el proceso legislativo en el Congreso de la Unión ante la posibilidad de que en próximas fechas se modifiquen la Ley General de Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Consulta Popular que es a la que se le están orientando la mayoría de las iniciativas de reforma.
