/ martes 20 de agosto de 2019

Hay 248 denuncias de tortura impunes

De 2015 a junio de 2019 se han registrado 402 víctimas; aún no hay personas consignadas

De 2015 a junio de 2019 se han registrado 248 denuncias por casos de tortura en Michoacán, siendo 2015 el año con mayor número con 121 casos denunciados ante la Fiscalía General del Estado, de los cuáles ninguno ha sido consignado o judicializado.

El total de presuntos responsables que se desprende de las denuncias es de 160 implicados, de los cuales se encuentran policías municipales, estatales, ministeriales y jefes de grupo de la Policía Ministerial.

A través de la respuesta a la solicitud, con número de folio 00700619 realizada por El Sol de Morelia a la FGE, se desprende que el total de víctimas registradas en el periodo de 2015 a junio de 2019 se elevan a 402, de las cuales 370 corresponden a personas del sexo masculino, 26 a mujeres y seis fueron registraron como “desconocidas”.

El municipio con mayor denuncias por el delito de tortura fue Morelia con 160 casos, le siguió Zamora, con 19; Uruapan, con 15 y Apatzingán, con 12 denuncias.

DATOS OFICIALES Y CIFRA NEGRA

Según los datos de la Fiscalía del estado de Michoacán, en 2019 se han registrado 13 denuncias por el delito de tortura; sin embargo, no se ha presentado a ningún responsable ante la autoridad.

Las cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos registran un mayor número de casos; tan solo en 2019, la CEDH sumó 37 expedientes de queja principalmente en contra de Seguridad Pública, Fiscalía General y los ayuntamientos de Zamora y Jacona; además de una queja en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se remitió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por cuestión de competencia.

En 2018, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos registró 45 quejas por presunta tortura atribuidas a autoridades de Seguridad Pública y procuración de justicia.

De acuerdo con los expedientes del organismo, el mayor número de casos de tortura se presenta durante la detención, mientras la persona se encuentra bajo la custodia de la autoridad; generalmente los lugares donde se cometen estas prácticas son en los propios domicilios de los agraviados, en los medios de transporte en que son trasladados, así como en las oficinas de las corporaciones policiacas.

Respecto a la tortura física se presenta en distintas variantes, principalmente golpes en distintas partes del cuerpo con las manos, los pies y objetos contundentes; como un medio intimidatorio para incriminar a la persona, o como castigo.

Foto: Mariana Luna


2015, UN AÑO DE VIOLACIONES A DERECHOS

De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2015 se registraron 49 casos atendidos acerca de tortura y 628 relativas a trato cruel inhumano o degradante en el país.

En Michoacán en 2015 hubo 121 denuncias, con 215 víctimas por el delito de tortura y 131 presuntos responsables. Según los registros estadísticos de la FGE, es el año con mayor denuncias por el delito.

En este mismo año se denunciaron a 114 policías ministeriales de Michoacán y a cuatro jefes de grupo de la misma corporación. Además, el estado sufría la violencia de grupos del crimen organizado, la desaparición de las policías comunitarias y vivía las campañas electorales.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de octubre de 2014 a septiembre de 2015 en Michoacán se cometieron 888 homicidios dolosos; mientras que de octubre de 2015 a septiembre de 2016 se registraron mil 359 homicidios dolosos, es decir, 471 asesinatos más que representan un incremento de 53%. Es decir, durante el primer año del gobierno de Silvano Aureoles se perpetró un homicidio doloso cada siete horas.

Ante este contexto, Silvano Aureoles nombró en octubre de 2015 a José Antonio Bernal Bustamante como secretario de Seguridad Pública, pero los nulos resultados provocaron su salida del gabinete michoacano.

Carlos Gómez Arrieta, quien aparece en el video torturando a un testigo del caso Ayotzinapa, en 2014 era director general de la Policía Federal Ministerial. En 2015 dejó su cargo y fue nombrado por el gobernador Silvano Aureoles como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, donde de acuerdo con diversos medios de comunicación locales había comenzado a acumular denuncias por nuevos abusos.

Foto: Cortesía

DERECHO A NO SER TORTURADO

La tortura es considerada una grave violación a los derechos humanos. Es una práctica prohibida en la Constitución, instrumentos internacionales y en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; en donde se tipifica como delito con penas de entre 10 y 20 años de prisión para quien cometa el delito de tortura, incluso de hasta 30 años en casos de agravantes.

De 2015 a junio de 2019 se han registrado 248 denuncias por casos de tortura en Michoacán, siendo 2015 el año con mayor número con 121 casos denunciados ante la Fiscalía General del Estado, de los cuáles ninguno ha sido consignado o judicializado.

El total de presuntos responsables que se desprende de las denuncias es de 160 implicados, de los cuales se encuentran policías municipales, estatales, ministeriales y jefes de grupo de la Policía Ministerial.

A través de la respuesta a la solicitud, con número de folio 00700619 realizada por El Sol de Morelia a la FGE, se desprende que el total de víctimas registradas en el periodo de 2015 a junio de 2019 se elevan a 402, de las cuales 370 corresponden a personas del sexo masculino, 26 a mujeres y seis fueron registraron como “desconocidas”.

El municipio con mayor denuncias por el delito de tortura fue Morelia con 160 casos, le siguió Zamora, con 19; Uruapan, con 15 y Apatzingán, con 12 denuncias.

DATOS OFICIALES Y CIFRA NEGRA

Según los datos de la Fiscalía del estado de Michoacán, en 2019 se han registrado 13 denuncias por el delito de tortura; sin embargo, no se ha presentado a ningún responsable ante la autoridad.

Las cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos registran un mayor número de casos; tan solo en 2019, la CEDH sumó 37 expedientes de queja principalmente en contra de Seguridad Pública, Fiscalía General y los ayuntamientos de Zamora y Jacona; además de una queja en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se remitió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por cuestión de competencia.

En 2018, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos registró 45 quejas por presunta tortura atribuidas a autoridades de Seguridad Pública y procuración de justicia.

De acuerdo con los expedientes del organismo, el mayor número de casos de tortura se presenta durante la detención, mientras la persona se encuentra bajo la custodia de la autoridad; generalmente los lugares donde se cometen estas prácticas son en los propios domicilios de los agraviados, en los medios de transporte en que son trasladados, así como en las oficinas de las corporaciones policiacas.

Respecto a la tortura física se presenta en distintas variantes, principalmente golpes en distintas partes del cuerpo con las manos, los pies y objetos contundentes; como un medio intimidatorio para incriminar a la persona, o como castigo.

Foto: Mariana Luna


2015, UN AÑO DE VIOLACIONES A DERECHOS

De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2015 se registraron 49 casos atendidos acerca de tortura y 628 relativas a trato cruel inhumano o degradante en el país.

En Michoacán en 2015 hubo 121 denuncias, con 215 víctimas por el delito de tortura y 131 presuntos responsables. Según los registros estadísticos de la FGE, es el año con mayor denuncias por el delito.

En este mismo año se denunciaron a 114 policías ministeriales de Michoacán y a cuatro jefes de grupo de la misma corporación. Además, el estado sufría la violencia de grupos del crimen organizado, la desaparición de las policías comunitarias y vivía las campañas electorales.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de octubre de 2014 a septiembre de 2015 en Michoacán se cometieron 888 homicidios dolosos; mientras que de octubre de 2015 a septiembre de 2016 se registraron mil 359 homicidios dolosos, es decir, 471 asesinatos más que representan un incremento de 53%. Es decir, durante el primer año del gobierno de Silvano Aureoles se perpetró un homicidio doloso cada siete horas.

Ante este contexto, Silvano Aureoles nombró en octubre de 2015 a José Antonio Bernal Bustamante como secretario de Seguridad Pública, pero los nulos resultados provocaron su salida del gabinete michoacano.

Carlos Gómez Arrieta, quien aparece en el video torturando a un testigo del caso Ayotzinapa, en 2014 era director general de la Policía Federal Ministerial. En 2015 dejó su cargo y fue nombrado por el gobernador Silvano Aureoles como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, donde de acuerdo con diversos medios de comunicación locales había comenzado a acumular denuncias por nuevos abusos.

Foto: Cortesía

DERECHO A NO SER TORTURADO

La tortura es considerada una grave violación a los derechos humanos. Es una práctica prohibida en la Constitución, instrumentos internacionales y en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; en donde se tipifica como delito con penas de entre 10 y 20 años de prisión para quien cometa el delito de tortura, incluso de hasta 30 años en casos de agravantes.

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