Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- Bajo el argumento de tener condiciones de seguridad y hacer frente a la insuficiencia de los cuerpos policiacos, algunos grupos empresariales en Michoacán están financiando a grupos de autodefensas, expusieron especialistas en la mesa de trabajo sobre extorsión, realizada por la organización no gubernamental México Evalúa.
En la mesa virtual “Las autoridades se hacen de la vista gorda cuando de extorsión se trata. ¿Cómo se ha enfrentado el fenómeno en Michoacán?”, se abordó dicha realidad analizada como una medida a corto plazo que no debiera normalizarse, pues a decir de Teresa Martínez, investigadora de temas de seguridad y violencia en el Instituto Tecnológico de Educación Superior de Monterrey (ITESM), deja fuera de esa protección a quienes no pueden ser parte de un grupo de poder económico, como lo es el de los empresarios.
Los aguacateros en la región de Uruapan, Ario de Rosales y Tancítaro han financiado grupos de civiles armados para su protección. En este último caso, el propio secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, ha reconocido que los empresarios de la zona recurrieron a contratar “una empresa” para proveerse de seguridad en las huertas y demás espacios de trabajo.
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Mientras que en el caso de Coahuayana, los plataneros mantienen a los grupos de autodefensas de la región, en donde, de acuerdo a Romain Le Cour, coordinador del Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia de México Evalúa, desde hace al menos ocho años no se ha logrado hacer el puente con las autoridades para fortalecer la estructura de seguridad.
Fue en 2014 cuando los coahuayanenses se organizaron para crear una policía comunitaria, capaz de dar paz en el municipio, y a la fecha sigue en pie ese grupo de seguridad financiado por los empresarios plataneros.
Romain Le Cour subrayó que en Michoacán no se ha logrado legitimar a los grupos comunitarios por la forma en que surgieron, por el entorno rural y en algunos casos la vinculación con grupos delictivos. Sin embargo, sería importante que los empresarios michoacanos que buscan legítimamente dar seguridad a través de estos grupos se acercaran a las autoridades.
Como ejemplo mencionó el caso de Ciudad Juárez, donde la iniciativa privada tomó la batuta para hacer frente a la delincuencia con la creación de la Unidad Antiextorsión de la mano del gobierno.
No obstante, al igual que la investigadora Teresa Martínez, Romain Le Cour consideró que a largo plazo la seguridad no puede estar en manos privadas.
Extorsión obligada
Jenny Pearce, profesora de la Escuela de Economía en Londres, destacó que la extorsión es una práctica habitual en Michoacán, y que ésta no sólo dio origen a grupos de autodefensas, sino que fue en algún momento una moneda de cambio para la estabilidad de algunas regiones.
Una denuncia común del gobierno es que la población está en complicidad con los grupos delincuenciales, pero a decir de los analistas es otra la realidad. “No es que la gente esté en complicidad, sino que no tienen opción porque no hay seguridad pública”, dijo la investigadora que ha realizado trabajos especializados en Apatzingán.
