Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- Depuesta por el cabildo del Ayuntamiento de Salvador Escalante, la jefa de tenencia de Zirahuén, Flor Árciga Ramírez, acusa que detrás del conflicto en ese pueblo michoacano hay intereses políticos y económicos, los cuales se niegan a la posibilidad de que se llegue a un modelo de usos y costumbres con manejo de presupuesto propio.
En entrevista, asegura que el grupo que ahora la confronta, ligado al Partido Verde y a Redes Sociales Progresistas, le ofreció una regiduría en el pasado proceso electoral, lo cual no aceptó, pues como jefa de tenencia fue ungida sin figuras partidistas. En ese periodo también fue tentada por la alianza del PRI-PAN-PRD, pero igualmente declinó, pues dice que en sus planes no está alargar una carrera política.
En lo que Árciga Ramírez enfocó sus esfuerzos fue en acreditar los procesos para buscar que Zirahuén se convierta en gobierno autónomo, por lo que atendió los requisitos solicitados por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). “Ya se había platicado con el pueblo sobre hacer esa solicitud, porque del municipio no nos llegan los apoyos suficientes para solventar nuestras principales necesidades”, reconoce.
El actual ayuntamiento de Salvador Escalante es encabezado por José de Jesús Lucas Ángel, electo tres veces bajo las siglas del PRD, aunque hace casi dos años abandonó esa bandera para migrar a Morena, con quienes buscó, sin éxito, una candidatura para diputado federal. Los integrantes del cabildo aprobaron la destitución de la jefa de tenencia el pasado 2 de julio, al considerar que en la comunidad ya no había condiciones para que siguiera al frente de su puesto. Empero, ella afirma que no existieron razones legales para su salida y que ninguna autoridad le ha notificado la resolución, ni mucho menos le dieron derecho de audiencia.
En contraparte, señala que la mera posibilidad de que el pueblo de Zirahuén se autogobierne no cae bien entre los diferentes partidos políticos del municipio, pues de entrada el presupuesto al que aspiran con ese modelo rondaría los 9 millones 600 mil pesos anuales.
La primera asamblea para informar a la gente sobre la posibilidad del gobierno autónomo fue el 11 de mayo, una charla con la presencia de las tres representatividades del pueblo: la Jefatura de Tenencia, el Comisariado de Bienes Comunales y el Comisariado Ejidal. Ahí se firmó un documento (del cual este medio posee una copia) en la que se acepta que el Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua, perteneciente al Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), auxiliará en los trámites correspondientes para obtener el presupuesto directo. El acta fue signada por Emilio Paz Casarez, comisariado de Bienes Comunales; Eustaquio Moya, comisariado ejidal; Iván Paz Mendoza, presidente de Debates, y la misma Flor Árciga, quien añade que más de 700 firmas respaldaron la solicitud.
Ante dicha posibilidad comenzó la división en el pueblo, pues un grupo opositor rechazó el proceso hacia la autonomía, aduciendo que en Zirahuén no cuentan con los perfiles técnicos para la administración pública, al tiempo de afirmar que las votaciones a mano alzada terminan por causar conflictos incluso familiares. Con esa postura, evitaron que el IEM llevara a cabo la consulta el pasado 26 de junio, cuando obligaron a los funcionarios a retirar materiales de papelería y mobiliario.
Más información: Jefa de Tenencia divide a comunidad de Zirahuén
La jefa de tenencia argumenta que sus opositores trataron de confundir a los pobladores y les hicieron creer que dichas firmas eran para evitar que hubiese elecciones el pasado 6 de junio, lo cual nunca fue la intención. Señala específicamente a Diana Espinosa, excandidata a la alcaldía de Salvador Escalante por Redes Sociales Progresistas. “Tanto ella como Sergio Medina (quien aspira a sustituirla en la Jefatura de Tenencia) mal informaron a la gente, les dijeron que si nos convertíamos en gobierno autónomo les iban a quitar los apoyos a los jóvenes y a los adultos mayores”.
Intereses de aguacateros
Para Pavel Ulianov Guzmán, representante del CSIM, detrás del grupo que se opone al autogobierno hay caciques locales y empresarios aguacateros que quieren privatizar y hacer un cambio de uso de suelo. “Les interesa de sobremanera que se privatice la propiedad comunal, la cual aún existe, pese a todo”.
Hace referencia a un predio de 90 hectáreas, el cual ha sido reforestado por más de 40 años por la comunidad indígena y mismo que, asegura, se quiere convertir en un fraccionamiento privado destinado al turismo. “Ese grupo se mueve por políticos y empresarios; acusan que se explota indebidamente la madera, pero no hay denuncias, solo escándalo mediático”, concluye.
