Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Nahuatzen es el único municipio que no presentó cuenta pública 2019 como lo marca la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado, por ello el Ayuntamiento se haría acreedor a la sanción administrativa máxima de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) que va de 150 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El plazo venció el pasado martes, e incumplieron con esta obligación también los concejos comunales de San Francisco Pichátaro, ubicado en el municipio de Tingambato y San Felipe de los Herreros, del municipio de Charapan.
Cuestionada por El Sol de Morelia, la presidenta sustituta del Ayuntamiento de Nahuatzen, Mayra Morales Morales, argumentó que el municipio ha estado atravesando por “muchas complicaciones” y que el fallecimiento de su tesorero el pasado 12 de febrero, les dificultó aún más la situación.
Estamos conscientes de la situación, la problemática que tenemos es muy fuerte, manejamos 22 por ciento del total del recurso hay mucha incertidumbre que han causado los concejos, inestabilidad; vamos a hablar con la Auditoría para pedir una prórroga, o en su defecto, asumir la sanciónDijo la alcaldesa, quien aseguró que en los próximos días entregarán la cuenta pública.
Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen anunciaron que solicitarán al Congreso del Estado un proceso de juicio político en contra de la alcaldesa, por no depositar las ministraciones correspondientes a las diferentes comunidades indígenas desde abril de 2019.
Ese día, el abogado de la comunidad David Daniel Romero Robles, indicó que la presunta malversación de fondos rondaba los 100 millones de pesos; además, los concejeros mostraron la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), donde se concluye que la autoridad municipal está obligada a depositar un porcentaje de su presupuesto a las comunidades que conforman el municipio.
Al respecto el Ayuntamiento de Nahuatzen ha argumentado, en anteriores ocasiones, que las comunidades no transparentan el uso del dinero público, y por tal motivo cancelaba los depósitos. Sin embargo, el abogado Romero Robles subrayó que esa revisión le corresponde en todo caso a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
