Morelia, Mich; (OEM-Infomex). Por omisión a la revisión y seguimiento de la auditoría forense aplicada a la cuenta de “cargos por aplicar” incorporada a la contabilidad del Ejecutivo estatal durante el periodo 2003-2014, asociaciones civiles promovieron juicio político contra diputados de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán de las LXXIII y LXXIV Legislaturas y de los titulares de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, Carlos Maldonado y Comité de Adquisiciones del Congreso local, Guillermo Loaiza.
Saúl Mora Padilla, representante de Acción Social Progresista A.C. y SMP y Asociados Consultores S.C., así como Dalila Campos Pineda, en representación de la Asociación Justicia y Equidad a tu Alcance y Lourdes Galeazzi Tornel coordinadora estatal del Colectivo Congreso Nacional Ciudadano en Michoacán, presentaron la denuncia ante la Oficialía de Partes del Congreso local para solicitar el procedimiento jurídico-político a servidores públicos “irresponsables”.
En rueda de prensa, los promotores del juicio explicaron que existió negligencia y desatención al cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el Decreto Legislativo 345 que se expidió el 6 de marzo del 2017 y mediante el cual se autorizó al gobierno de Michoacán reestructurar la deuda pública pero condicionada a la aplicación de una auditoria forense a la cuenta de cargos por aplicar mejor conocida como “la licuadora”.
Recordó que la auditoría forense se realizó a través de la contratación de un despacho externo con valor de 16 millones de pesos sin atender los criterios de licitación pública nacional, pues el proceso se dio únicamente en lo estatal donde “ni la Secretaría de Finanzas del estado ni la Comisión Inspectora supervisaron los trabajos en los que se reportaron anomalías a los ejercicios fiscales del 2003 al 2014”.
Agregó que dichas irregularidades no han sido procesadas en contra de los responsables ya que “hasta el momento los diputados han omitido actuar en consecuencia y ordenar las investigaciones correspondientes”, aseguró Saul Mora Padilla al señalar que la inversión realizada para pagar los servicios al despacho que aplicó la auditoría forense “se tiraron a la basura”.
Cabe recordar que la fiscalización mencionada tuvo como objetivo revisar la forma en que se contrató y manejó la deuda pública estatal desde la administración de los entonces perredistas, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel así como de los periodos compartidos por los priistas Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero.
Además derivado de la modificación al decreto donde se estableció el apartado de cargos por aplicar generó una afectación al patrimonio financiero del estado por más de 17 mil 323 millones de pesos. Incluso en la cuenta pública 2015 ya no se incluyó el concepto de cargos por aplicar de ahí, la demanda de los interesados en retomar el caso y conocer el por qué no se dio seguimiento.