MORELIA, Mich.- (OEM-INFOMEX).- Autoridades educativas han presentado tres denuncias penales por hechos registrados en el marco de la toma de instalaciones del Telebachillerato Michoacán, iniciada el pasado 7 de junio por parte del Sindicato Único de Trabajadores del subsistema, con la acusación de descuentos salariales injustificados.
La directora del plantel, Cecilia Lazo de la Vega, presentó en rueda de prensa las constancias de los tres procesos en curso, uno de ellos vinculado a la toma de instalaciones, otro por el robo de un celular a una integrante de su equipo y otras más por agresiones a otra funcionaria de la institución. Todas las querellas señalan como responsable al dirigente sindical Silvano paredes Correa.
Afirmó que el origen de la inconformidad del gremio se dio cuando a su llegada a la titularidad del Telebachillerato, ocho meses atrás, se inició una restructuración que acabó con los privilegios del Suttebam, que tenía control sobre las siete direcciones y 10 supervisores, “y ahora sólo tienen la mitad, producto de la reingeniería que realizamos en el subsistema”.
Acusó que la toma ilegal de las oficinas centrales de la dependencia resultan en afectaciones hacia la comunidad educativa, dado que la entrega de los certificados se ha visto truncada por la falta de acceso a las oficinas por el personal, “tenemos 90% de los certificados listos para entrega y sólo falta colocarles las fotos de cada estudiante, las cuales se encuentran en los archivos”, acusó.
Lazo de la Vega mencionó que acciones como ésta derivan en la pérdida de credibilidad de la dependencia, lo que merma la captación de estudiantes, la cual disminuyó a 900 el número de alumnos al cierre del ciclo escolar 2017-2018.
Por su parte, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación en el Estado, Francisco Luis Sánchez Alfonso, emplazó al Suttebam a liberar las instalaciones del subsistema esta misma semana, pero dijo que esperará a que las indagaciones que se deriven de las denuncias avancen para tomar una determinación más clara, sin descartar el uso de la fuerza pública para la reinstalación de las actividades.