MORELIA, Michoacán.- (OEM-Infomex).- Ante la inminente desaparición de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en todo el país derivado de las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, publicadas el pasado primero de mayo, podría haber un retraso en la transición hacia el Centro Estatal de Mediación, toda vez que este tendría que iniciar operaciones en noviembre próximo, pero todavía ni siquiera se ha aprobado su marco legal.
Sin embargo, el presidente de la JLCA en Michoacán, Hill Arturo del Río Ramírez, reconoció es un fenómeno generalizado en todas las entidades del país en donde tendrá que instalarse este nuevo organismo, mencionando incluso que, la puesta en marcha del Centro Nacional de Mediación no será sencillo, pues implicaría la creación de una delegación por cada estado, pues vendrían a asumir las tareas de las juntas federales y, cuyo costo tendría que asumirlo el Poder Judicial al ordenarse la creación de nueve juzgados, mismos que deberán contar con el personal capacitado para su funcionamiento.
No obstante, dicho “retraso” vendría a dar un “respiro” al rezago de los cerca de diez mil asuntos y expedientes que presenta la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, lo cual, dijo, es importante porque en ese transe “ya no recibiremos más expedientes, que eso no se acaba porque seguimos con más promociones y al momento que ya no recibamos nada y abatamos lo histórico, tendremos tiempo para salir con toda comodidad”.
Del Río Ramírez detalló que si bien la Junta ya presentó una iniciativa al Congreso de Michoacán desde la pasada Legislatura está en su cancha el darle celeridad a las respectivas reformas para el funcionamiento de los centros, aunque consideró que los trabajos legislativos pudieran estar temporalmente detenidos hasta que en lo federal no emitan los lineamientos correspondientes, es decir, están a la espera de poder homologarlos.
Admitió que las decisiones que se pudieran tener respecto del Tratado Libre Comercio T-Mec impactaría de alguna manera en las tareas que llevan a cabo las juntas de conciliación, ya que dicho acuerdo internacional conllevan una serie de modificaciones constitucionales y en materia laboral adicionales a las recién publicadas el primero de mayo pasado.
