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Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Mediante adiciones al artículo 225 del Código Penal del Estado se pretende aumentar las penas para aquellos reos que extorsionen, mediante el uso de un teléfono celular, desde el interior de un centro penitenciario en la entidad.
La iniciativa, que presentó la diputada de MORENA, Mayela del Carmen Salas Sáenz, propone adicionar la fracción I, recorriendo las demás fracciones del artículo 225 ya señalado, para agregar como agravante:
Las penas se incrementarán en una mitad cuando se compruebe que un reo, dentro del centro penitenciario, utilice teléfonos celulares o cualquier otro medio de comunicación electrónica para realizar intento de extorsión o extorsión
Asimismo establece que la pena se incrementará otra mitad; cuando la víctima sea una persona menor de dieciocho o mayor de sesenta años de edad o cuando no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho.
Y, en dos terceras partes cuando el delito se realice por un servidor público o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada.
“En este caso, además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión público y se le inhabilitará hasta por ocho años para desempeñarlo nuevamente y se le suspenderá hasta por ocho años el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada; y, además de las penas señaladas en el artículo anterior, se aumentará de dos a cuatro años de prisión cuando en la comisión del delito intervengan una o más personas armadas”, dispone.
En su exposición de motivos, la legisladora argumenta que en Michoacán las llamadas de extorsión se han vuelto un problema recurrente ya que en nuestra entidad, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en el 2018 se presentaron 22 mil 999 intentos por cada 100 mil habitantes,
Recuerda, además, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en visita a 130 centros penitenciarios estatales, detectó problema en 73 de ellos, donde prevalecen áreas de privilegios, permitiendo que los internos tengan el control de ingreso, el uso de teléfonos y otros productos que no debería tener.
En el documento, la legisladora morenista también señala que en México se realizan dos millones 482 mil llamadas de extorsión, de las cuales más de 93 % se hacen desde reclusorios y cárceles; el resto se hace de domicilios privados.
Es preocupante, puntualiza, que 9 de cada 10 llamadas de este tipo se realice desde los centros penitenciarios.
