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Sí hay intervención de teléfonos en la entidad: ALS

  • Daniela Osorio Cabrera
  • en local

En Michoacán sí hay intervención de comunicaciones telefónicas privadas, siempre y cuando exista una previa autorización judicial, explicó el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, tras darse a conocer que además de la Federación, otras 16 entidades federativas adquirieron software para intervenir líneas telefónicas.

En entrevista, el funcionario estatal evitó referir si Michoacán es una de las entidades que adquirieron este software, pero reconoció que “el Estado tiene labores de inteligencia que se realizan con base en lo que la ley autoriza, hay procedimientos para la intervención de comunicaciones privadas, pero con autorización judicial y a través de instancias de investigación, no lo puede hacer ninguna parte del gobierno de manera indiscriminada, ni cualquiera en el momento que se le ocurra ni con fines distintos a los de la investigación en caso de delito”.

No obstante, aclaró que Michoacán “no está en el supuesto” de intervenir líneas telefónicas, particularmente de periodistas y defensores de derechos humanos, como presuntamente sucedió a nivel federal.

“He escuchado del tema a través de los medios de comunicación que están pendientes y atentos con sobrada justificación, al verse invadida la esfera privada de las personas, pero en el caso de Michoacán no estamos en ese supuesto”, afirmó.

Abundó que “cumplimos con los procedimientos legales a partir de los instrumentos que nos da la ley, hay supuestos en donde la autoridad que investiga un hecho delictuoso puede hacer intervención y seguimiento de comunicaciones privadas pero con autorización judicial”.

En otro orden de ideas, López Solís confió en que la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal que se votó ayer ante el Pleno del Congreso local, permitirá la contención del gasto público sin generar laudos laborales entre los trabajadores.

Recordó que la iniciativa fue emitida por el gobierno estatal y se sometió a consideración del Legislativo para ser objeto de análisis y se aclararon las dudas, principalmente en cuanto al ahorro o excedente que pudiera haber con motivo de esta modificación.

“Queda claro que no se trata de que el estado tendrá más dinero, simplemente con ello lo que estamos buscando es contener el gasto y disminuir el déficit que genera problemas de operatividad a las finanzas públicas, por fortuna ya hay un dictamen aprobado por mayoría, modificaciones que consideramos importantes a la iniciativa pero que no trastoca el fondo o la intención principal de reestructurar la administración pública estatal”, afirmó.

López Solís resaltó que la iniciativa establece la obligación para el gobierno estatal de transferir a aquellos trabajadores de base y sindicalizados cuyas dependencias sean eliminadas a otras del propio Ejecutivo, a fin de salvaguardar sus derechos laborales.

Sin embargo, en el caso de los trabajadores de confianza señaló que “es un principio básico de que el titular del Ejecutivo puede nombrar y remover, y todos los que somos empleados de confianza estamos expuestos a esta disposición. Si lo pensamos por secretaría o dependencia de las que se transforman hay posiciones como las secretarías particulares, las secretarías técnicas, que ya no serán necesarias en estas dependencias”.

Finalmente, consideró que para evitar que esto genere laudos laborales tendrá que haber un mecanismo de acuerdo para que se satisfagan los derechos que les asisten a los trabajadores de confianza que no puedan continuar en el cargo, pues “tienen derechos mínimos que hay que cumplir, como el pago de las partes proporcionales”. (L)