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Sigue CEDH acción de inconstitucionalidad en Ley de Seguridad Interior

  • Daniela Osorio Cabrera
  • en local

Sí es posible y compatible una norma de esta naturaleza con respeto a la dignidad humana

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán está entre los organismos públicos que hicieron un llamado conjunto al Estado mexicano para que se abstuviera de aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior y se abriera un diálogo nacional para preservar y garantizar los derechos fundamentales, afirmó el ombudsman Víctor Manuel Serrato Lozano.

Si bien apenas se está estudiando la acción de inconstitucionalidad por parte de los organismos de derechos humanos, así como por parte de la Organización de las Naciones Unidas, sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la facultad de impugnar leyes federales que contravengan derechos humanos reconocidos en la Constitución y se cuenta con un plazo de 30 días naturales, luego de la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación, para realizarla.

Con ello, la CNDH buscará emprender una acción de inconstitucionalidad, en virtud de que se trata de una ley federal.

“Para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Ley de Seguridad Interior presenta aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México, como el otorgar facultades al Ejército para realizar funciones que no le corresponden, además de utilizar a la milicia de manera arbitraria“, afirmó.

En ese sentido, señaló que la CEDH considera que en la ley en cuestión resulta ambiguo el uso legítimo de la fuerza pública, al no ajustarse a estándares internacionales, pues permite que las Fuerzas Armadas actúen sin subordinación ante las autoridades civiles.

Aunado a lo anterior, se observa que pone en riesgo el derecho y ejercicio a la protesta social, tendiendo a criminalizarla, y utiliza el concepto de seguridad interior asociado a regímenes autoritarios.

“La CEDH considera que sí es posible y compatible una ley de esta naturaleza con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a nuestras instituciones democráticas; por ello la necesidad de que se revisen los términos en los que fue aprobada”, concluyó. (F)

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