Morelia, Mich (OEM/ Infomex).- Empleados del hotel Virrey de Mendoza, quienes desde el 19 de marzo de 2019 permanecen en huelga, tomaron las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) como medida de presión para que no se lleve a cabo una votación que consideran ilegal, misma que podría terminar con su lucha de resistencia.
El abogado laboral, Juan Carlos Velasco Pérez, dijo en entrevista que el dueño del hotel, Ramón Toca Treviño, ha roto el contacto en las negociaciones, mientras que los empleados exigen que se les otorgue un año de salarios caídos y el 2 por ciento mensual en el resto de tiempo, calculado en salarios mínimos, como lo marca la ley.
Refirió que la empresa ha querido simular una nueva base de siete empleados a quienes dio de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales han declarado estar en activo y serían ellos los que puedan decidir si se continúa con la huelga. De esos siete, dijo el abogado, tres son de seguridad y fueron deshechados para este trámite, pero podría hacerse con los cuatro restantes, que en realidad trabajan en un rancho de Toca Treviño, según fuentes consultadas por Velasco.
La votación está pactada para este viernes, motivo por el cual decidieron tomar las oficinas de la Junta.
En términos jurídicos, las 21 personas que desde hace tres años se plantaron afuera del hotel “siguen siendo trabajadores”, afirma su representante, por lo que ellos son los que tienen el derecho de hacer el recuento de si continúan con el paro.
Añadió que hace unos días pudo conversar con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien le solicitó su mediación para destrabar el caso. Con el conflicto trabado, las dos partes han sido perjudicadas, subrayó, pues la empresa acumula alrededor de 90 millones de pesos en pérdidas, mientras que los empleados se quedaron sin ingresos fijos y no ven para cuándo les puedan liquidar un monto global de tres millones de pesos: “No hay una razón que justifique la actitud del dueño, pierde más él, pero es un capricho para vencer a los trabajadores por tiempo y por hambre”.
Los 21 empleados pertenecen al Sindicato Industrial de Trabajadores de Hoteles de Michoacán, desde donde se han absorbido los gastos para este caso. La postura de la parte trabajadora es que una vez que se les liquide, habrá desistimiento de juicios individuales.