Morelia, Mich.- El día de ayer jueves, la Policía Morelia desplegó un fuerte operativo para detener a dos adultos mayores en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, quienes trabajan en la venta de productos en la vía pública (ambulantaje), lo cual está regulado por el Ayuntamiento.
Sin embargo, esta acción provocó la indignación de la ciudadanía y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la cual inició una investigación de oficio por el actuar de elementos de la Policía Morelia.
El ombudsperson, Víctor Manuel Serrato Lozano, indicó abrir el oficio de queja, folio MOR/752/2019, en contra de los elementos de la Policía Morelia, por presunta violación al derecho a las buenas prácticas de la administración pública, consistente en el derecho a la debida actuación de funcionarios de hacer cumplir la ley.
Asimismo, el oficio indica la falta de integridad y seguridad personal por parte de los uniformados, sin respeto a los principios de igualdad y libertad, además de señalarse discriminación.
La CEDH advirtió que el hecho no ameritaban el sometimiento por parte de los elementos policiales, por no existir un riesgo fundado a que se cometiera una agresión.
De acuerdo a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo, los adultos mayores deben recibir un trato digno y apropiado de las autoridades estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.
Además en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que intervengan en calidad de partes, agraviados, indiciados, sentenciados o víctimas del delito.
Este organismo sigue acumulando quejas y la CEDH los conmina a conducirse con respeto a la integridad física, psíquica y moral, así como la protección de la imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y valores, no solo de los adultos mayores sino de todos los morelianos.
Sin embargo, la Comisión no se opone a la detención, sometimiento y aseguramiento de persona alguna, siempre y cuando su conducta este prevista como delictiva por la legislación o como falta administrativa por las leyes secundarias.
