/ sábado 11 de diciembre de 2021

Yoalia lleva siete años sin sentencia

Acusada de dos secuestros y posesión de arma de fuego, niega haber participado en algún delito. Sigue esperando que se haga justicia

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Con signos de tortura fue como entregaron los policías ministeriales a Yoalia Mariela P. para que fuera internada en el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez.

Acusada de dos secuestros y posesión de arma de fuego, niega haber participado en algún delito y solo lamenta haberse involucrado sentimentalmente con un mando de seguridad en la ciudad de Uruapan. Hasta el día de hoy, no ha recibido sentencia.

Yoalia es hija de una familia de campesinos que vivían de una huerta de aguacate en aquel municipio, es madre de tres niños, de tez blanca y complexión delgada, apenas mayor de los 30 años, pero los últimos ocho han sido los más crueles, según relata en una entrevista exclusiva.

Cuando fue detenida estaba embarazada y no lo sabía, su hija nació con el ceño fruncido, algunos doctores le sugirieron que pudo haber sido a consecuencia de las descargas eléctricas que recibió y la niña absorbió esa energía, “porque además es muy inteligente”, refiere.

Su vida profesional iniciaba en el 2012, cuando había terminado la licenciatura en Derecho y comenzaba a trabajar como abogada mercantil recuperando cartera vencida para una empresa. Por aquel entonces, un amigo le pidió que le ayudara a sacar a su hijo de la cárcel preventiva, pues sólo había cometido una falta administrativa, y aunque el tema penal no era su especialidad, decidió ayudarlo.

Un guardia en una prisión local / Foto: Archivo | El Sol de Morelia

Allí conoció a Javier P., un alto mando de seguridad en dicha ciudad, quien le ayudó a liberar a su conocido.

Por aquella época, Michoacán atravesaba por momentos convulsionados: habían aparecido los grupos de autodefensa y el gobernador del estado había sido encarcelado. Llegaron muchos elementos de seguridad y ministeriales del Estado de México a gobernar en esta entidad.

El 24 de abril del 2014 un supuesto grupo de autodefensas se metió a su domicilio, “se metían a cualquier casa, decían que tenían denuncias de algún delito, pero sólo se metían a robar”, expresa.

Javier, su pareja sentimental, comenzó a investigar la situación, “días después él rodeó a un grupo de ministeriales en un restaurante, los cateó para saber si ellos estaban involucrados en el robo, pero allí estaba un enemigo de él, se disgustó demasiado”, recuerda.

En su narrativa explicó que el 27 de abril los ministeriales hicieron un nuevo cateo en su casa, “dicen que allí encontraron videos de La Tuta reunido con presidentes municipales, yo no sabía de qué se trataba, me detuvieron violentamente a las 2:30 de la mañana sin orden de aprehensión o presentación, y me traen a Morelia, directo al ‘edificio blanco’ y allí comenzaron a torturarme, fue allí cuando me dijeron que estaba involucrada en varios secuestros”.

Foto: Adid Jiménez | El Sol de Morelia

“Me golpearon, me preguntaron por una persona, que sí conocía pero él tenía su vida y yo la mía; me dan toques vaginales, me pusieron una bolsa en la cabeza… y cuando llegué aquí la doctora dijo que tenía piquetes de moscos, en los pechos, en las pompas, en las piernas… ella puso el diagnóstico que quiso, pero luego la Comisión de Derechos Humanos le dijo que no eran piquetes de moscos, le aclaró que eran quemaduras de chicharra; tengo cinco protocolos de Estambul aprobados (por la tortura)”.

Su defensa consiguió cinco certificaciones por la tortura, una de ellas a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que entregó en sobre cerrado y se abrió el 25 de febrero del 2015 frente a un juez en audiencia.

En el informe se corroboró que había sido víctima de tortura, apoyados con certificaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el propio penal, el Hospital Psiquiátrico de Morelia y el DIF de Uruapan; sin embargo, estas evidencias no fueron tomadas en cuenta en el proceso federal que se le imputó, más aún, la CNDH le informó después que en un incidente se borraron las fotografías de sus partes íntimas donde habían certificado el daño.

Lleva más de siete años y medio esperando a que se haga justicia, “me hicieron perder familia, mi papá ya murió, dice el doctor que le dio un shock de tanta presión y por golpes en la cabeza. Los que me torturaron siguen en el poder, son los de México”, ojalá que con las recomendaciones que recientemente hizo la ONU al Gobierno de México volteen a ver mi caso”, confió la interna.

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Con signos de tortura fue como entregaron los policías ministeriales a Yoalia Mariela P. para que fuera internada en el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez.

Acusada de dos secuestros y posesión de arma de fuego, niega haber participado en algún delito y solo lamenta haberse involucrado sentimentalmente con un mando de seguridad en la ciudad de Uruapan. Hasta el día de hoy, no ha recibido sentencia.

Yoalia es hija de una familia de campesinos que vivían de una huerta de aguacate en aquel municipio, es madre de tres niños, de tez blanca y complexión delgada, apenas mayor de los 30 años, pero los últimos ocho han sido los más crueles, según relata en una entrevista exclusiva.

Cuando fue detenida estaba embarazada y no lo sabía, su hija nació con el ceño fruncido, algunos doctores le sugirieron que pudo haber sido a consecuencia de las descargas eléctricas que recibió y la niña absorbió esa energía, “porque además es muy inteligente”, refiere.

Su vida profesional iniciaba en el 2012, cuando había terminado la licenciatura en Derecho y comenzaba a trabajar como abogada mercantil recuperando cartera vencida para una empresa. Por aquel entonces, un amigo le pidió que le ayudara a sacar a su hijo de la cárcel preventiva, pues sólo había cometido una falta administrativa, y aunque el tema penal no era su especialidad, decidió ayudarlo.

Un guardia en una prisión local / Foto: Archivo | El Sol de Morelia

Allí conoció a Javier P., un alto mando de seguridad en dicha ciudad, quien le ayudó a liberar a su conocido.

Por aquella época, Michoacán atravesaba por momentos convulsionados: habían aparecido los grupos de autodefensa y el gobernador del estado había sido encarcelado. Llegaron muchos elementos de seguridad y ministeriales del Estado de México a gobernar en esta entidad.

El 24 de abril del 2014 un supuesto grupo de autodefensas se metió a su domicilio, “se metían a cualquier casa, decían que tenían denuncias de algún delito, pero sólo se metían a robar”, expresa.

Javier, su pareja sentimental, comenzó a investigar la situación, “días después él rodeó a un grupo de ministeriales en un restaurante, los cateó para saber si ellos estaban involucrados en el robo, pero allí estaba un enemigo de él, se disgustó demasiado”, recuerda.

En su narrativa explicó que el 27 de abril los ministeriales hicieron un nuevo cateo en su casa, “dicen que allí encontraron videos de La Tuta reunido con presidentes municipales, yo no sabía de qué se trataba, me detuvieron violentamente a las 2:30 de la mañana sin orden de aprehensión o presentación, y me traen a Morelia, directo al ‘edificio blanco’ y allí comenzaron a torturarme, fue allí cuando me dijeron que estaba involucrada en varios secuestros”.

Foto: Adid Jiménez | El Sol de Morelia

“Me golpearon, me preguntaron por una persona, que sí conocía pero él tenía su vida y yo la mía; me dan toques vaginales, me pusieron una bolsa en la cabeza… y cuando llegué aquí la doctora dijo que tenía piquetes de moscos, en los pechos, en las pompas, en las piernas… ella puso el diagnóstico que quiso, pero luego la Comisión de Derechos Humanos le dijo que no eran piquetes de moscos, le aclaró que eran quemaduras de chicharra; tengo cinco protocolos de Estambul aprobados (por la tortura)”.

Su defensa consiguió cinco certificaciones por la tortura, una de ellas a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que entregó en sobre cerrado y se abrió el 25 de febrero del 2015 frente a un juez en audiencia.

En el informe se corroboró que había sido víctima de tortura, apoyados con certificaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el propio penal, el Hospital Psiquiátrico de Morelia y el DIF de Uruapan; sin embargo, estas evidencias no fueron tomadas en cuenta en el proceso federal que se le imputó, más aún, la CNDH le informó después que en un incidente se borraron las fotografías de sus partes íntimas donde habían certificado el daño.

Lleva más de siete años y medio esperando a que se haga justicia, “me hicieron perder familia, mi papá ya murió, dice el doctor que le dio un shock de tanta presión y por golpes en la cabeza. Los que me torturaron siguen en el poder, son los de México”, ojalá que con las recomendaciones que recientemente hizo la ONU al Gobierno de México volteen a ver mi caso”, confió la interna.

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