Todos los funcionarios, desde federales hasta municipales, deberán hacer públicas sus cuentas bancarias, incluidos fideicomisos, nombres de sus socios comerciales, si actúan como prestanombres o si ellos mismos son dueños de empresas a nombre de terceros, de acuerdo con los nuevos formatos de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, de los cuales El Sol de México tiene copia.
Serán aprobados la última semana de agosto por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, cobrarán vigencia hasta mayo del 2019. Debido a los retrasos, ya no se solicitaron recursos en el paquete presupuestal para gestar la gran plataforma electrónica en la que serán consultadas las declaraciones en los tres niveles: federal, estatal y municipal.
“A finales de mes se va a decidir cuándo entran en vigor estos formatos, pero estos formatos no es que de un día para otro el Comité Coordinador diga ya se aprobaron y ya está el sistema listo para que se hagan, esto implica que alguien programe el nuevo sistema de declaraciones que esté acorde a este nuevo formato. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: hoy a mediados de agosto, ¿se puede pedir presupuesto a Hacienda para esto? No, no necesariamente hay presupuesto para hacerlo porque ya se cerró y no se contempló”, explicó en entrevista el titular de la Unidad de Vinculación del SNA, Dante Preisser Rentería.
Aunque nunca se le marcó una fecha límite al Comité de Participación Ciudadana, responsable de crear los formatos de la 3 de 3, se esperaba que estuvieran listos en abril, antes de las declaraciones anuales a realizarse en el mes de mayo.
Este será uno de los grandes temas que heredará la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero hasta ahora, no se ha fijado una fecha para comenzar los trabajos de transición en la materia; salvo por la reunión que sostuvo la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde se omitió la discusión, según informó a este medio el comisionado presidente del INAI el 10 de agosto de 2018.
-¿Se habló de los formatos de la 3 de 3 en el combate a la corrupción?
-No, de eso no se habló, solo tratamos cuestiones muy generales.
LOS FORMATOS
Las principales modificaciones se realizaron al rubro de los intereses, al cual se anexaron ocho apartados y la numeralia de datos solicitados aumentó de 355 a 855 reactivos, de los cuales, el 61.4 por ciento (525 datos) son públicos. Se reservaron las direcciones, números telefónicos, claves de las cuentas bancarias y nombres de socios o copropietarios cuando se trate de personas físicas.
Además, se expidieron dos formatos de declaraciones para los tres grupos en que se clasificaron a los servidores públicos: el completo y el simplificado; el primero será obligatorio para los secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores, representantes de órganos autónomos y altos funcionarios, así como para el segundo grupo constituido por trabajadores de base.
El segundo será un formato simplificado para empleados de limpieza, secretarias, choferes y demás personal que perciba el salario mínimo, en ese sólo llenarán la información general y el cargo que desempeñan.
“No es que esta sea una declaración con más datos que la anterior o si abarca más personas, además del servidor público, puede ser cónyuge, dependientes económicos, etcétera. Lo importantes es que cubre todo el contexto del servidor público, respecto de estos temas: su patrimonio, sus intereses y el tema de pago de impuestos, con estos nuevos datos que se contemplan, ya está todo cubierto”, detalla Preisser Rentería.
Una de las principales aportaciones es el fideicomiso, el cual era utilizado para la fuga de capital, ya que argumentaban que los recursos pertenecían directamente al fiduciario, los bancos.
Están obligados a declarar los nombres de sus socios comerciales que hayan invertido a partir del 20 por ciento en sus negocios. En cuanto a la relación de sus clientes, sólo presentarán la lista de quienes les representen ingresos por el 25 por ciento o más y no estén amparados por secreto profesional en las actividades lucrativas.
Para evitar temas como la triangulación de recursos, se incluyó la representación activa y la pasiva; la primera se presenta cuando el declarante presta su nombre a otra persona o empresa, para realizar actividades económicas y/o jurídicas; mientras que en la segunda, el declarante es quien utiliza a terceros para esas mismas actividades.
En ambos casos, los servidores públicos deberán detallar el tipo de representación: mandato, agencia comercial, representante legal, apoderado u otro; quiénes son las personas a las que representan; la remuneración que reciben por ello; el sector industrial y las fechas en las que se celebra la representación.
LAS MODIFICACIONES DE AMLO
En el actual modelo de declaraciones, el servidor público sólo declara los bienes e intereses que comparte con su cónyuge, pero los registrados como separados, son susceptibles de omisión; además, se excluye a cualquier otro familiar que no dependa económicamente del declarante.
Sin embargo, el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, propone en su Proyecto de Nación 2018 que el conflicto de interés entre familiares se estipule hasta el cuarto grado de consanguineidad.
Extiende el sistema de declaraciones a sindicatos, partidos políticos y asociaciones civiles que perciban gasto público, aunque actualmente no están incluidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas por no ser considerados servidores públicos.
Sin embargo, los representantes del tabasqueño no han discutido con ninguna de las seis instituciones que integran el SNA, entre ellas el CPC, la Función Pública, el INAI y la Auditoría Superior de la Federación.
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