/ lunes 25 de febrero de 2019

Niega Corte a INEGI mantener salarios

El INEGI pretendía mantener los salarios que pagó en 2018, y contratar este año los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada para sus empleados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la controversia constitucional que presentó en contra de los ajustes al presupuesto de 2019 y contra la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos, que obliga a todo servidor ganar menos que el ejecutivo federal es decir 108 mil pesos.

El INEGI pretendía mantener los salarios que pagó en 2018, y contratar este año los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada para sus empleados, lo cual de acuerdo a las directrices de la nueva administración, ya no se puede.

El instituto argumenta que en su carácter de órgano constitucional autónomo ha cumplido cabalmente las funciones conferidas por mandato constitucional, correspondientes a normar y coordinar el sistema nacional de información.

Por ello, dice, la controversia es por el establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica.

“Ello impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado”.

Al igual que lo hiciera con la Cofece y la CNDH el ministro Alberto Pérez Dayan reiteró el criterio que ha mantenido al negar suspensiones también solicitadas por el institutos Nacional Electoral, Federal de Telecomunicaciones y El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

Dayan detalla que el artículo 127 de la Constitución ordena que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto correspondiente, esto es, de suspender las reglas del Presupuesto de Egresos cuestionado, se traduciría en no respetar lo expresamente señalado por la Constitución.

Es de recordar que para este año, el INEGI solicitó un presupuesto de 17 mil millones de pesos, pero la Cámara de Diputados le asignó 12 mil millones, monto menor al que proyectaron para su operación en 2019. Debido a este menor presupuesto, el Inegi eliminó 14 proyectos estadísticos este año.

El organismo público autónomo tiene este año a su cargo los censos, por lo que su solicitud de presupuesto fue de 17 mil millones de pesos para cumplir con esas funciones que implican más recursos.

“La aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores públicos del Inegi, en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica”, señaló el INEGI.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la controversia constitucional que presentó en contra de los ajustes al presupuesto de 2019 y contra la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos, que obliga a todo servidor ganar menos que el ejecutivo federal es decir 108 mil pesos.

El INEGI pretendía mantener los salarios que pagó en 2018, y contratar este año los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada para sus empleados, lo cual de acuerdo a las directrices de la nueva administración, ya no se puede.

El instituto argumenta que en su carácter de órgano constitucional autónomo ha cumplido cabalmente las funciones conferidas por mandato constitucional, correspondientes a normar y coordinar el sistema nacional de información.

Por ello, dice, la controversia es por el establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica.

“Ello impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado”.

Al igual que lo hiciera con la Cofece y la CNDH el ministro Alberto Pérez Dayan reiteró el criterio que ha mantenido al negar suspensiones también solicitadas por el institutos Nacional Electoral, Federal de Telecomunicaciones y El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

Dayan detalla que el artículo 127 de la Constitución ordena que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto correspondiente, esto es, de suspender las reglas del Presupuesto de Egresos cuestionado, se traduciría en no respetar lo expresamente señalado por la Constitución.

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