El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción informó que buscará echar abajo la Ley General de Comunicación Social, denominada Ley Chayote. El motivo argumentaron los integrantes del referido consejo se debe a que la nueva normatividad propicia la corrupción, incentivar la censura, y hasta la violencia contra periodistas y comunicadores.
En la primera sesión pública, tras la publicación del decreto de dicha Ley, los integrantes del Comité resolvieron pedir el apoyo de sistemas internacionales de derechos humanos para promover la modificación o abrogación de la Ley General de Comunicación Social, también conocida como Ley chayote, por ser contraria al derecho de libertad de expresión y fomentar posibles actos de corrupción.
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Mariclaire Acosta, adelantó que acompañarán las acciones de inconstitucionalidad que podrían interponer ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como un grupo de senadores que están promoviendo dicha acción.
"Hemos tomado la decisión de acudir a los organismos internacionales de protección de derechos humanos toda vez que en el caso de esta Ley no solamente se propicia la corrupción sino que además se incentiva la autocensura, la censura, y hasta la violencia contra periodistas y comunicadores", aseveró.
De igual forma, el Comité resolvió pedir el apoyo de sistemas internacionales de derechos humanos para promover la modificación o abrogación de la Ley General de Comunicación Social —conocida como Ley chayote—, por ser contraria al derecho de libertad de expresión y fomentar posibles actos de corrupción.
Por otro lado, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) informó que se amparó por la falta de nombramientos de Magistrados Anticorrupción. Además los integrantes del referido consejo manifestaron su inquietud por la falta de nombramiento del fiscal y los magistrados especiales anticorrupción y llamó a explorar posibles reformas legales para evitar que quienes ocupen estos cargos puedan ser sujetos por intereses políticos.
En las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los integrantes del Comité de Participación Ciudadana señalaron que el no contar con el fiscal ni con los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha generado el problema de que en la integración de diversos organismos del SNA “falte una de las piezas centrales”.
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