La renuncia de ocho funcionarios a la administración federal es una muestra de que en el actual Gobierno importa más la lealtad que la capacidad en detrimento de las instituciones, consideró José Fernández Santillán, académico del Tecnológico de Monterrey.
“A lo que estamos asistiendo es a una degeneración política, pero también gubernamental en cuanto a que los funcionarios públicos no han sido nombrados por capacidad, sino por lealtad”, dijo.
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Comentó que la administración de López Obrador se está comportando como si los cargos públicos fueran un patrimonio privado, al otorgarlos a amistades o gente leal, y quien no esté de acuerdo con esos criterios, termina renunciando o presionado para que salga del gobierno.
Esta semana, hubo una renovación en las subdirecciones de la Comisión Nacional del Agua, horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera en su conferencia matutina que limpiará a la institución debido a que había funcionarios con intereses panistas. En su lugar, llegaron personajes que en su currículum tienen antecedentes de haber trabajado en la 4T o en organizaciones no gubernamentales de tinte izquierdista.
Fernández Santillán señaló que esta administración ha dado puestos clave a personas sin capacidad comprobada, cuyo mérito es ser cercanos del Presidente.
Román Mayer, titular de Sedatu, quien es hijo del académico Lorenzo Meyer, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, hija de Bertha Luján, política de izquierda muy cercana a López Obrador, y Octavio Oropeza, director de Pemex, amigo del presidente, son algunos de los ejemplos citados por el politólogo del Tecnológico de Monterrey.
