/ viernes 3 de junio de 2022

Magistrado acusa a Sheinbaum y otros 15 gobernadores de delitos electorales durante revocación

En la lista también figura los gobernadores de Michoacán, Morelos, Tabasco, Nayarit, Veracruz, Colima, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Campeche

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña exhibió las violaciones que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y otros 15 gobernadores de Morena, PES y el Partido Verde cometieron durante el proceso de la revocación de mandato promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su proyecto, el cual se prevé sea discutido la próxima semana en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado da cuenta de casi un centenar de delitos electorales que cometieron los mandatarios estatales con el fin de promover al gobierno durante el proceso de la revocación de mandato.

Puedes leer también: TEPJF amonesta a Sheinbaum por acudir a acto de Morena previo a revocación de mandato

Destaca que el proyecto se promovió a raíz de una denuncia de Movimiento Ciudadano el 23 de marzo derivado de un desplegado que publicaron 18 gobernadores en defensa del presidente López Obrador, luego de la resolución que emitió el Parlamento Europeo para solicitarle que abandonara los ataque a la prensa dado el contexto de violencia que vive el gremio en el país.

A raíz de ello se constataron 98 violaciones al proceso electoral, de las cuales 15 son de la jefa de Gobierno, 13 del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; 10 de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas; 10 más del mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha; nueve de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; y nueve también de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

En la lista también figuran Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos; Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco; Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit; Cuitláhuac García, de Veracruz; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; Miguel Barbosa, de Puebla; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; y Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

En las 98 publicaciones expuestas en su proyecto, el magistrado detalla que las violaciones tienen que ver principalmente con publicaciones en redes sociales y propaganda personal que resaltan "logros de gobierno, relacionados con beneficios y compromisos del movimiento en el que se identifican y al cual hacen referencia como el de la cuarta transformación, encabezado por el titular del Ejecutivo Federal".

Por éstas, el magistrado de la Mata Pizaña vinculó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que emita lineamientos para sancionar a los mandatarios que violaron el proceso electoral, "a partir de la posible pérdida de la presunción del modo honesto de vivir" y de ahora en adelante, si se aprueba el proyecto, los servidores públicos que desacaten las leyes podría negárseles el derecho de acceder a un cargo público.

Lo anterior, explica el proyecto, porque se trató de un número considerable de servidores públicos que quebrantaron la Ley, en particular normas electorales, y porque los ilícitos se presentaron reiteradamente.

De esta manera, "se estima necesario ordenar al CG del INE que, en atención a sus atribuciones y obligaciones, emita lineamientos para regular las consecuencias jurídicas ante violaciones a la Constitución por las personas del servicio público, a partir de la posible pérdida de la presunción del modo honesto de vivir".

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Además, dijo, "sin menoscabo de las cargas laborales del CG del INE, los lineamientos deberán ser emitidos a la brevedad, lo que, en todo caso, deberá ocurrir antes del inicio de los próximos procesos electorales locales", con el propósito de evitar más incumplimientos en la materia.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña exhibió las violaciones que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y otros 15 gobernadores de Morena, PES y el Partido Verde cometieron durante el proceso de la revocación de mandato promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su proyecto, el cual se prevé sea discutido la próxima semana en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado da cuenta de casi un centenar de delitos electorales que cometieron los mandatarios estatales con el fin de promover al gobierno durante el proceso de la revocación de mandato.

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Destaca que el proyecto se promovió a raíz de una denuncia de Movimiento Ciudadano el 23 de marzo derivado de un desplegado que publicaron 18 gobernadores en defensa del presidente López Obrador, luego de la resolución que emitió el Parlamento Europeo para solicitarle que abandonara los ataque a la prensa dado el contexto de violencia que vive el gremio en el país.

A raíz de ello se constataron 98 violaciones al proceso electoral, de las cuales 15 son de la jefa de Gobierno, 13 del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; 10 de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas; 10 más del mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha; nueve de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; y nueve también de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

En la lista también figuran Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos; Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco; Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit; Cuitláhuac García, de Veracruz; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; Miguel Barbosa, de Puebla; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; y Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

En las 98 publicaciones expuestas en su proyecto, el magistrado detalla que las violaciones tienen que ver principalmente con publicaciones en redes sociales y propaganda personal que resaltan "logros de gobierno, relacionados con beneficios y compromisos del movimiento en el que se identifican y al cual hacen referencia como el de la cuarta transformación, encabezado por el titular del Ejecutivo Federal".

Por éstas, el magistrado de la Mata Pizaña vinculó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que emita lineamientos para sancionar a los mandatarios que violaron el proceso electoral, "a partir de la posible pérdida de la presunción del modo honesto de vivir" y de ahora en adelante, si se aprueba el proyecto, los servidores públicos que desacaten las leyes podría negárseles el derecho de acceder a un cargo público.

Lo anterior, explica el proyecto, porque se trató de un número considerable de servidores públicos que quebrantaron la Ley, en particular normas electorales, y porque los ilícitos se presentaron reiteradamente.

De esta manera, "se estima necesario ordenar al CG del INE que, en atención a sus atribuciones y obligaciones, emita lineamientos para regular las consecuencias jurídicas ante violaciones a la Constitución por las personas del servicio público, a partir de la posible pérdida de la presunción del modo honesto de vivir".

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