/ sábado 13 de febrero de 2021

Suman cinco aspirantes asesinados durante proceso electoral

Guerrero es el estado que más ataques acumula con saldo de dos muertos en Chilapa y Pilcaya

HERMOSILLO. Cinco aspirantes a puestos de elección popular han sido asesinados y uno más secuestrado durante el proceso electoral. Este jueves, fue baleado Gilberto Ortíz, precandidato de Morena a la presidente alcaldía de Úrsulo Galván, en Veracruz, y en Guaymas una balacera interrumpió un acto de la alcaldesa Sara Valle Dessens, quien busca reelegirse.

De acuerdo con información recabada por Organización Editorial Mexicana, Guerrero acumula más ataques, cuatro en total con un saldo de dos muertos: Antonio Hernández Godínez, aspirante del PRD a la alcaldía de Chilapa, asesinado el 25 de noviembre 2020, y Efrén Valois Morales, quien buscaba la alcaldía de Pilcaya y fue victimado el 21 de diciembre 2020.

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Mario Figueroa Mundo, quien busca la presidencia municipal de Taxco, fue baleado el 21 de diciembre 2020, pero sobrevivió al ataque, lo mismo que Roberto Zapoteco Castro, priísta que aspira a la alcaldía de Zitlala.

En Veracruz, además de Gilberto Ortíz, también fue asesinado Carlos Fernández Rocha, quien figuraba como regidor suplente en la planilla del panista Salvador Monroy, aspirante a la alcaldía de San Andrés Tuxtla.

En Guanajuato, el 12 de enero de 2021, fue asesinado José Antonio Acosta Cano, precandidato a la presidencia municipal de Juventino Rosas por el PAN.

A estos casos se suma el secuestro de Álvaro Madera López, precandidato del PRI a la alcaldía de Mezquitic, Jalisco, quien fue privado de la libertad el 4 de febrero por un grupo criminal que presuntamente exige 10 millones de pesos a cambio de la liberación del político.

En Puebla fueron asesinados dos colaboradores de Carlos Barragán Amador, aspirante independiente a la presidencia municipal de Xicotepec de Juárez. Filemón Contla Rangel y Emmanuel García Hernández murieron en un atentado el 29 de noviembre de 2020.

La violencia en el proceso electoral es una preocupación de los aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, pues en la contienda de 2018 fueron asesinados 156 políticos en total, de los cuales 48 eran aspirantes, precandidatos y candidatos, y posterior a la elección al menos un presidente municipal electo resultó muerto, según un recuento de la consultora Etellekt.

La mayor parte de los asesinatos de candidatos ya en campaña fue para aspirantes a cargos municipales, de los que murieron 20, seguido de candidatos a diputado locales con cuatro y un candidato a una diputación federal.

Entre septiembre de 2017 y julio de 2018 también se registraron 161 denuncias de amenazas y actos de intimidación contra candidatos y precandidatos, así como 774 agresiones totales contra políticos y funcionarios

Durante el presente proceso electoral, tan sólo en Michoacán 10 aspirantes han sido víctimas de amenazas por parte de grupos del crimen organizado, sobre todo en la zona de Tierra Caliente.

La Secretaría de Seguridad del estado les condicionó la protección a que presenten una denuncia ante la Fiscalía General del estado, ya que no lo han hecho por temor a represalias.

Anteriormente, el gobernador Silvano Aureoles Conejo reconoció públicamente que la delincuencia organizada está interesada en influir sobre las definiciones de candidaturas en Michoacán, ante lo que ofreció el respaldo de la SSP para los aspirantes que participen en la jornada electoral y sugirió además a los partidos establecer un “antidoping delincuencial” en sus abanderadas y abanderados. Con información de editoras OEM

HERMOSILLO. Cinco aspirantes a puestos de elección popular han sido asesinados y uno más secuestrado durante el proceso electoral. Este jueves, fue baleado Gilberto Ortíz, precandidato de Morena a la presidente alcaldía de Úrsulo Galván, en Veracruz, y en Guaymas una balacera interrumpió un acto de la alcaldesa Sara Valle Dessens, quien busca reelegirse.

De acuerdo con información recabada por Organización Editorial Mexicana, Guerrero acumula más ataques, cuatro en total con un saldo de dos muertos: Antonio Hernández Godínez, aspirante del PRD a la alcaldía de Chilapa, asesinado el 25 de noviembre 2020, y Efrén Valois Morales, quien buscaba la alcaldía de Pilcaya y fue victimado el 21 de diciembre 2020.

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Mario Figueroa Mundo, quien busca la presidencia municipal de Taxco, fue baleado el 21 de diciembre 2020, pero sobrevivió al ataque, lo mismo que Roberto Zapoteco Castro, priísta que aspira a la alcaldía de Zitlala.

En Veracruz, además de Gilberto Ortíz, también fue asesinado Carlos Fernández Rocha, quien figuraba como regidor suplente en la planilla del panista Salvador Monroy, aspirante a la alcaldía de San Andrés Tuxtla.

En Guanajuato, el 12 de enero de 2021, fue asesinado José Antonio Acosta Cano, precandidato a la presidencia municipal de Juventino Rosas por el PAN.

A estos casos se suma el secuestro de Álvaro Madera López, precandidato del PRI a la alcaldía de Mezquitic, Jalisco, quien fue privado de la libertad el 4 de febrero por un grupo criminal que presuntamente exige 10 millones de pesos a cambio de la liberación del político.

En Puebla fueron asesinados dos colaboradores de Carlos Barragán Amador, aspirante independiente a la presidencia municipal de Xicotepec de Juárez. Filemón Contla Rangel y Emmanuel García Hernández murieron en un atentado el 29 de noviembre de 2020.

La violencia en el proceso electoral es una preocupación de los aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, pues en la contienda de 2018 fueron asesinados 156 políticos en total, de los cuales 48 eran aspirantes, precandidatos y candidatos, y posterior a la elección al menos un presidente municipal electo resultó muerto, según un recuento de la consultora Etellekt.

La mayor parte de los asesinatos de candidatos ya en campaña fue para aspirantes a cargos municipales, de los que murieron 20, seguido de candidatos a diputado locales con cuatro y un candidato a una diputación federal.

Entre septiembre de 2017 y julio de 2018 también se registraron 161 denuncias de amenazas y actos de intimidación contra candidatos y precandidatos, así como 774 agresiones totales contra políticos y funcionarios

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