/ martes 9 de junio de 2020

España investiga sobornos al rey Juan Carlos

Cobró por la concesión del tren de alta velocidad en La Meca a empresas españolas: fiscalía

MADRID. La fiscalía del Tribunal Supremo español investigará si existe responsabilidad penal del rey emérito Juan Carlos en una trama de presuntas comisiones por un contrato en Arabia Saudita, que alimenta las sospechas de una fortuna opaca del antiguo monarca.

Desde 2018, la justicia investiga estos hechos del 2011 pero el Triunal Supremo es el único que puede indagar las acciones del monarca y solamente a partir de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad como jefe de Estado.

La fiscalía del alto tribunal explica que asume la causa porque Juan Carlos I, de 82 años y retirado en 2019 de la vida pública, es “una de las personas involucradas en los hechos investigados” y son necesarias “nuevas diligencias que afectan directamente” a su figura.

La causa se inició en septiembre de 2018 a raíz de las filtraciones de unas grabaciones a su examante, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, que aseguraba que Juan Carlos I había cobrado a través de una intermediaria iraní una comisión por la concesión del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina a un consorcio de empresas españolas.

“Se trataría de un posible delito de corrupción en las transacciones internacionales”, señaló entonces la fiscalía.

En España se le atribuyó al rey un papel decisivo en la atribución en 2011 de ese contrato de 6 mil 700 millones de euros (unos 7 mil 500 millones de dólares) al consorcio español para construir la línea ferroviaria en medio del desierto, finalmente inaugurada en 2018.

El partido de izquierda radical Podemos, actualmente en el gobierno dirigido por el socialista Pedro Sánchez, advirtió que intentarán hacer una investigación parlamentaria del caso, que ha sido rechazada anteriormente.

Reconocido durante décadas como figura clave de la transición democrática, el legado del monarca (1975-2014) se ve enturbiado en los últimos años por las sospechas de detentar una fortuna opaca, sobre todo derivada de sus lazos con las monarquías del Golfo.

Recientemente aparecieron informes prensa que llevaron a su hijo y heredero, Felipe VI, a retirarle la asignación de la Casa Real que, según medios españoles, ascendía a más de 219 mil dólares.

El diario suizo Tribune de Gèneve publicó en marzo que Juan Carlos recibió, en 2008, 100 millones de dólares del rey Abdalá de Arabia Saudita, en una cuenta en Suiza de una fundación panameña.

A mediados de ese mes, el británico The Daily Telegraph indicó que Felipe VI era beneficiario de esa fundación.

MADRID. La fiscalía del Tribunal Supremo español investigará si existe responsabilidad penal del rey emérito Juan Carlos en una trama de presuntas comisiones por un contrato en Arabia Saudita, que alimenta las sospechas de una fortuna opaca del antiguo monarca.

Desde 2018, la justicia investiga estos hechos del 2011 pero el Triunal Supremo es el único que puede indagar las acciones del monarca y solamente a partir de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad como jefe de Estado.

La fiscalía del alto tribunal explica que asume la causa porque Juan Carlos I, de 82 años y retirado en 2019 de la vida pública, es “una de las personas involucradas en los hechos investigados” y son necesarias “nuevas diligencias que afectan directamente” a su figura.

La causa se inició en septiembre de 2018 a raíz de las filtraciones de unas grabaciones a su examante, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, que aseguraba que Juan Carlos I había cobrado a través de una intermediaria iraní una comisión por la concesión del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina a un consorcio de empresas españolas.

“Se trataría de un posible delito de corrupción en las transacciones internacionales”, señaló entonces la fiscalía.

En España se le atribuyó al rey un papel decisivo en la atribución en 2011 de ese contrato de 6 mil 700 millones de euros (unos 7 mil 500 millones de dólares) al consorcio español para construir la línea ferroviaria en medio del desierto, finalmente inaugurada en 2018.

El partido de izquierda radical Podemos, actualmente en el gobierno dirigido por el socialista Pedro Sánchez, advirtió que intentarán hacer una investigación parlamentaria del caso, que ha sido rechazada anteriormente.

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