Irán utiliza la pena de muerte contra los manifestantes para aterrorizar a la población iraní y acallar la protesta, lo que se asemeja a un "asesinato de Estado", afirmó el martes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
"El uso de procedimientos penales como arma para castigar a quienes ejercen sus derechos básicos, como quienes participan u organizan protestas, roza el asesinato de Estado", dijo Türk en un comunicado.
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Las ejecuciones son "privaciones arbitrarias de la vida", declaró en una rueda de prensa en Ginebra Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, que se opone por principio a la pena de muerte.
Teherán ya ha ejecutado a cuatro personas acusadas de participar en las protestas que sacuden el país desde hace cuatro meses tras la muerte de una joven acusada de llevar el velo indebidamente, detenida por la llamada policía de moral.
Otras dos ejecuciones son inminentes y al menos otras 17 personas han sido condenadas a muerte, según informó la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en un comunicado.
"El gobierno iraní serviría mejor a sus propios intereses y a los de su pueblo, escuchando sus quejas y emprendiendo las reformas legales y políticas necesarias para garantizar el respeto a la diversidad de opiniones, los derechos a la libertad de expresión y reunión, y el pleno respeto y protección de los derechos de la mujer en todas las esferas de la vida", declaró Türk.
"Reitero una vez más mi llamamiento al gobierno iraní para que respete la vida y la voz de su pueblo, imponga una moratoria inmediata sobre la pena de muerte y detenga todas las ejecuciones", añadió Türk.
"Irán debe tomar medidas sinceras para emprender las reformas exigidas y reclamadas por su propio pueblo para el respeto y la protección de sus derechos humanos", subrayó.
Fiscalía de Irán pide castigar a mujeres que no usen el velo
La Fiscalía General de Irán ha llamado a la Policía a “castigar con firmeza” las violaciones en el uso del velo islámico por parte de las mujeres, en medio de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el hijab.
“El delito de la falta de uso del velo es uno de los crímenes más evidentes y las fuerzas de seguridad están obligadas a implementar las leyes”, indicó en un memorando la Fiscalía General del país, según ha informado este martes la agencia semioficial Mehr.
La Fiscalía recordó que las penas por el no uso del velo oscilan entre los 10 días y los dos meses de cárcel, pero añadió que también se puede castigar con otras medidas como “el exilio, la prohibición de trabajar o abandonar el país o la obligación de realizar servicios públicos”, entre otros.
También resaltó que “animar” a las mujeres a no usar el velo es un delito “peor” que la falta de uso de la prenda porque “es un prominente ejemplo de incitación a la corrupción” y se debe castigar con entre uno y 10 años de prisión.
La llamada a aplicar la obligatoriedad del velo islámico se produce tras casi cuatro meses de protestas desatadas por la muerte en septiembre de Amini tras ser detenida por la llamada policía de la moral por no llevar bien el hijab.
Una consecuencia de las protestas es que cada vez más iraníes se aventuran por las calles del país persa sin el velo, en un gesto de desafío y desobediencia civil, impensable hace meses.
Por las calles de Teherán se ven mujeres que no solo no se tapan la cabeza, sino que ni siquiera llevan un velo a la vista, sobre los hombros o colgando.
En diciembre, las autoridades iraníes anunciaron de forma confusa el fin de la Policía de la moral, que se encargaba de aplicar las leyes de moralidad del país islámico, pero al mismo tiempo resaltaron que solo cambiarían los métodos para imponer dichas normas.
El hiyab es uno de los símbolos de la República Islámica, fundada en 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní, quien definió la prenda como la "bandera de la revolución" y sin la cual las mujeres estaban “desnudas".
Las protestas comenzaron por la muerte de Amini, pero los manifestantes piden ahora el fin de la República Islámica fundada Jomeiní.
Casi 500 personas han muerto en las protestas y cerca de 20 mil han sido detenidas, según la ONG Irán Human Rights, con sede en Oslo.
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Además, al menos 16 personas han sido condenadas a muerte y cuatro ejecutadas por su participación en la revuelta, ahorcamientos que han sido duramente condenados por la comunidad internacional.
Con información de EFE