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Municipios omisos en la regulación para personas con discapacidad

Debido a la omisión de las presidencias municipales de reglamentar la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Congreso del Estado aprobó un exhorto, presentado por la diputada Yarabí Ávila González, para que se elabore, expida, publique, implemente, vigile y cumpla con la normatividad de la materia.

La diputada priista informó que hasta el momento “no tenemos la actualización de los reglamentos correspondientes en los municipios, sólo en cuatro hay normatividad pero están obsoletos”.

Comentó que de acuerdo con el Catalogo Electrónico de la Legislación del Estado de Michoacán (CELEM) únicamente los municipios de Hidalgo, Tangamandapio, Sahuayo y Morelia operan con un reglamento, los cuales están “desfasados, carecen de armonización, figuras administrativas y órganos de vigilancia con la actual ley, por tal razón resultan inoperantes”, puntualizó.

Pese a ello, destacó que existen las condiciones para favorecer la inclusión de las personas con diferentes discapacidades, siempre y cuando los recursos que destinan para diferentes programas se manejen de manera adecuada, “cuando las instituciones no funcionan o no hacen el trabajo como deberían los sectores vulnerables no son atendidos”.

Las leyes deben ser efectivas, no enunciativas, que resulten congruentes y armonizadas, por lo que se deben elaborar y expedir los reglamentos que garanticen la operatividad y los derechos de las personas con discapacidad y “no sólo sea letra muerta”.

“Si no tenemos actualizadas las leyes y los reglamentos, los derechos se van quedando rezagados por lo que es importante que se regule de acuerdo a las prioridades y necesidades de la sociedad actual”, aseveró.

Lo que se busca es que las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo y los gobiernos municipales adecuen sus reglamentos conforme a lo establecido en la ley actual, “para lograr una inclusión real de las personas con discapacidad en el estado y que definan en su operatividad de quiénes o qué instancias serán responsables de vigilar y aplicar el cumplimiento de la ley”.

Hay que reglamentar para que se dé la adecuación de los edificios públicos, así como de instalaciones abiertas que faciliten las condiciones de acceso al público en general, personas con discapacidad y adultos mayores, y con ello garantizar su inclusión a la vida cotidiana. (L)