La militarización en América Latina fue una característica recurrente a lo largo del siglo XX, marcada por diversos periodos de regímenes autoritarios, golpes de Estado y conflictos armados internos.
A finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, varios países de América Latina iniciaron procesos de transición a la democracia, poniendo fin a regímenes militares autoritarios, limitando la actuación castrense a tareas de seguridad nacional.
En la historia política contemporánea, las corrientes de izquierda han abogado de manera consistente por la desmilitarización como parte fundamental de su visión para construir sociedades más justas y seguras, basta recordar al mismo presidente Obrador como opositor de izquierda al regimen, cuando lanzaba consignas de regresar a los militares a los cuarteles.
Ahora como presidente Obrador, propone una reforma a la constitución que militariza total y permanentemente la seguridad a nivel federal; al mismo tiempo, en los límites de lo absurdo, promueve una política de abrazos y no balazos dejando a la lógica confundida y al sentido común desorientado, pues al mismo tiempo que militariza la seguridad, no ha sido claro y contundente en enfrentar a los grupos del crimen organizado (CO), inclusive ha señalado que los grupos del CO son pueblo, mandando una señal de condescendencia que insentiva la impunidad.
La reforma que propone el presidente, va contra la resolución del 18 de abril del 2023 donde la Suprema Corte declara inconstitucional que la Guardia esté adscrita al Ejército debido a que el Artículo 21 de la Constitución estipula de manera clara su carácter civil; de igual forma contra las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado al Estado Mexicano la inconvencionalidad de que las fuerzas castrenses realicen tareas de civiles y que si las van a utilizar tienen que justificar la necesidad y la urgencia además tienen que poner controles muy específicos de la actuación de los militares por que no están capacitados para hacer tareas de seguridad pública.
Para México Unido Contra la Delincuencia, si se aprueba la iniciativa constitucional de López Obrador, aumentará aún más el poder político y económico de la SEDENA. Su estado de fuerza aumentará en 40 %. Actualmente la SEDENA cuenta con 261,773 soldados, la Guardia Nacional 123 mil 535 agentes, por lo que se convertiría (que de facto ya lo es) de los ejercitos más grandes de los países democráticos de la región de Latinoamérica, con un presupuesto de más de 400 mil millones de pesos y un estado de fuerza de casi 400 mil integrantes.
Para la experta en seguriudad Lisa Sanchez de aprobarse la reforma sería el fin de un gobierno civil, sería prácticamente un regimén con “co gobierno militar”, pues no sólo se a militarizdo las tareas de seguridad federal, sino ha habido un militarismo al adjudicarle millonarios contratos en tareas de construcción y admnistración a la SEDENA.
La apuesta de seguridad obradorista, que de igual forma a través de “becas” busca trabajar en las causas de la inseguridad (sin que haya evidencia hasta ahora de que uno de sus programas insignia “Jóvenes Construyendo el Futuro” haya prevenido la criminalidad o revertido el reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos del crimen organizado) y al mismo tiempo le ha apostado a enviar cada vez más soldados al territorio: exactamente, lo mismo que hacían Calderon y Peña.
Esta contradicción surge cuando se abogan por abrazos y no balazos, pero se utilizan métodos que pueden socavar las libertades individuales. La historía estará de testigo.
Especialista en Seguridad Ciudadana con perspectiva de género y tipologías preventivas
