México a lo largo de los años, se ha caracterizado por no tener una estrategia de seguridad definida por la vía civil, siendo un constante laboratorio de políticas fallidas que han sido importadas desde el extranjero, sin ningún tipo de escala de medición o evaluación que arroje un resultado contundente.
La falta de una política de seguridad interinstitucional desde los más altos niveles, federal, niveles estatal y municipal, es una situación que debiera ser coordinada y dirigida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuestión que hoy en día no sucede, nos arroja los resultados que hoy en día tienen a México en la ruya de la inseguridad.
Los altos índices delictivos, de violencia e impunidad que se han presentado en nuestro país, cada día confirman que la Secretaría del ramo, no tiene el control operativo y estratégico de las entidades de seguridad, Sin embargo, ante los legisladores y ante los medios, si tiene que hacerlo, asumir las culpas y la operatividad demostrando con ello cómo a su vez quienes si lo tienen , son los Titulares de la Defensa Nacional principalmente, el General Luis Crescencio Sandoval y por el lado de la Marina, el Almirante secretario Rafael Ojeda de en el caso de las aduanas principalmente.
Pareciera que al estar inmiscuidas las mayores entidades bélicas del país, la política de seguridad tomaría un rumbo distinto, pero la mayor sorpresa en estos años ha sido otra: el descontrol total de la seguridad de nuestro país.
La polarización y politización qué ha vivido la seguridad pública en nuestro país, ha sido un lastre a lo largo de casi 20 años.
El contexto de militarización de la Seguridad Pública en México, ha venido emergiendo desde la época de Vicente Fox con la creación de la Policía Federal sin ningún tipo de planeación, posteriormente la guerra frontal al narcotráfico planeada y ejecutada por Felipe Calderón, situación reafirmada y debilitada por Enrique Peña Nieto y ahora, en un nuevo auge de autoritarismo, situación totalmente contradictoria por venir de un gobierno de “izquierda”, ha sido confirmada en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Esta visión de política pública, desafortunadamente vino a desnudar la debilidad institucional, operativa y de 8infraestructura de las policías estatales y municipales.
Desde la vía civil, tuvimos 8 años para poder ajustar nuestras policías locales y estatales al sistema de justicia penal acusatorio, establecer un programa a mediano y largo plazo en materia de capacitación policial y poder establecer de una manera contundente un eje prioritario, permanente e interinstitucional de política de seguridad.
Nada de ello se ha logrado, la única vía que han optado diversos gobiernos estatales y municipales, ha sido el basar en una política de reclutamiento masivo de recurso humano y por otro lado, entregar armamento e infraestructura con base en números que quizás son inventados, para poder exigir mayor presupuesto y margen de acción para operar.
¿Michoacán Tierra fértil de inseguridad?
Michoacán es un estado que se cuece aparte en todos los sentidos.
El aparato político, ideológico, económico, social y cultural en este estado del occidente de México, es suigéneris. Si Luis Buñuel calificó a México como un país exótico, Michoacán es el estado que por excelencia confirma la teoría de este cineasta. Todo puede suceder porque los escenarios sociales y políticos se prestan. Lo ilusorio se puede hacer real en este territorio mexicano y las políticas de seguridad no han sido la excepción.
En Michoacán estamos en una crisis permanente en materia de seguridad, cuestión que no ha sido al parecer tomada en serio por parte del Gobierno del Estado y que ha seguido navegando sin un rumbo fijo de estrategia y orden.
El Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha tomado una postura de mimetización de las políticas implementadas por el Gobierno Federal y esto tiene como consecuencia la reproducción tropicalizada de los errores de origen.
El desconocimiento total de la operatividad en la Secretaría de Seguridad Pública a nivel estatal ha sido evidenciado a nivel nacional incluso por el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.
En una especie de “fuego amigo” o quizás también intencionado con algún fin político electoral, se evidenció los fallidos programas que el gobierno Estatal ha implementado en materia de seguridad, asegurando que el estado es tierra fértil para la delincuencia, escenario que evidentemente no hay forma de rebatir.
Los argumentos vertidos por Número 2 del Gobierno Federal, los números vertidos por la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana elaborada por el INEGI y los Indicadores Globales de Impunidad vertidos por la Universidad de las Américas de Puebla y por el otro lado la encuesta nacional de seguridad qué ha publicado el inegi señalan a Michoacán como un estado conflictivo, fallido y con un rumbo a la deriva en materia de política de seguridad.
Por otro lado, una entidad rectora de la seguridad, la SSP del estado, envuelta en conflictos y desórdenes de carácter operativo por los pobres resultados que hay en la materia, en anomalías de carácter administrativo derivado de la discrecionalidad con que se están manejando los recursos financieros destinados para la operatividad, es decir, las compensaciones que se brindan al personal operativo que son distribuidas de acuerdo a la “empatía” o “simpatía” que tengan los y las elementos con sus superiores, una “Policía Auxiliar” que pretende monopolizar el mercado de la seguridad privada sin tener la capacidad en todos los sentidos para hacerlo y finalizando las constantes denuncias que hay por parte del personal femenino ante el acoso constante de los mandos en las diferentes direcciones y centros operativos que por miedo a represalias no son procesadas o las investigaciones son empantanadas en Asuntos Internos.
Por: José Alberto Guerrero Baena
