El pasado 26 de septiembre, conmemoramos el noveno aniversario de un episodio que ha dejado una cicatriz profunda en la historia de nuestro país: la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Este trágico suceso, ocurrido en 2014, ha generado protestas masivas en nuestro país, la indignación internacional y un llamado unánime para esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos incansables de los familiares de los estudiantes y de las organizaciones sociales, la verdad y la justicia no han llegado aún. A pesar de que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han tomado medidas importantes, como la creación de una Comisión de la Verdad y el compromiso de una investigación imparcial, nueve años después de la tragedia seguimos sin saber ¿Dónde están los 43 estudiantes?
En los primeros años, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se obstaculizó la búsqueda con la llamada “Verdad Histórica”, la cual, encubrió la participación de funcionarios públicos, policías y militares en la desaparición de los estudiantes. Este pacto de silencio de entonces, no solo nos dejó claro de que ¡Fue el Estado!, sino que ha condicionado en gran medida la capacidad de las autoridades actuales para avanzar en la investigación y llevar a todos los responsables ante la justicia.
El caso de los 43, pone de relieve los desafíos estructurales que enfrenta México en su lucha contra la impunidad, la corrupción y la violencia. El “elefante reumático” que se encuentra arraigado en las instituciones, así como las fallas constantes en el sistema judicial, continúan siendo obstáculos significativos para llegar a la justicia y la verdad.
En este noveno aniversario, es crucial recordar que las familias de los 43 estudiantes desaparecidos siguen exigiendo respuestas y justicia. El dolor y la angustia que han enfrentado durante estos años son incomprensibles para aquellos que no hemos vivido en carne propia la desaparición de un ser querido. La lucha por la verdad, en el caso de Ayotzinapa, es una lucha por la dignidad y los derechos humanos.
Se deben redoblar los esfuerzos para romper con el pacto de silencio, garantizar la independencia de las investigaciones y llevar a los responsables ante la justicia.
Esto no solo es un imperativo moral, sino también un paso fundamental hacia la construcción de un México más justo y seguro para todos. Nueve años después, las velas de la esperanza siguen encendidas, pero es necesario que la luz de la justicia brille finalmente sobre esta tragedia y sobre México en su conjunto.
La lucha por la memoria debe continuar, la impunidad no puede ser la norma en una sociedad que aspira a la justicia y la dignidad para todas las personas, nunca más puede volver ocurrir algo así en nuestro país ¡Nunca más un Estado represor!
Profesora jubilada, prestó sus servicios a la educación en Michoacán por 32 años, realizó sus estudios en el Instituto de Capacitación para los Maestros de Michoacán y en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL). Es promotora cultural y activista por los derechos de las mujeres. En dos ocasiones fue Consejera Estatal de MORENA en Michoacán y, desempeñó el cargo de Secretaria de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Estatal del MORENA también en Michoacán. Actualmente es Senadora de la República por Michoacán e integrante de las Comisiones de Educación, Trabajo y Previsión Social, Cultura, Para la Igualdad de Género y Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe en ese órgano legislativo. Facebook @SenadoraBlancaPina, Twitter: @BlancaPinaG
