Morelia, Michoacán.-La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, continúa en la etapa de investigación sobre las denuncias presentadas en contra del exgobernador, Silvano Aureoles Conejo y funcionarios de su administración sin que éstas hayan llegado aún al periodo de judicialización, informó el titular, Alejandro Carrillo Ochoa.
El fiscal de Combate a la Corrupción en Michoacán, refirió que en lo que va del año han abierto un total de 148 carpetas de investigación y diez casos judicializados, de éstos últimos, apuntó que corresponden a los delitos del ejercicio ilícito del servicio público y negativa del servicio público como falsificación o alteración del mal ejercicio público.
Sin abundar más en el tema, Carrillo Ochoa, solo comentó que la Fiscalía tiene un par de denuncias presentadas contra distintos servidores públicos de la administración perredista pasada, donde se encuentra el exgobernador, Silvano Aureoles Conejo.
Aseguró que las denuncias contra el exalcalde de Zitácuaro están abiertas y en proceso de investigación, principalmente por el ejercicio ilícito del servicio, peculado, pero también por la negativa del servicio público.
Estamos en la etapa de investigación para determinar los montos, y sobre el caso del ex titular del Ejecutivo no se ha judicializado ninguna de las denuncias, comentó.
A principios del año pasado, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla anunció que la Secretaría de la Contraloría presentó cuatro denuncias penales en contra de exfuncionarios del gobierno que encabezó el perredista Aureoles Conejo, y una en contra de un representante legal de una empresa privada, por mal manejo del gasto público por cinco mil millones de pesos.
Incluso, señaló en su momento que se estarían integrando hasta 18 denuncias más contra exfuncionarios de la administración pasada por presuntos actos de corrupción. Sobre el particular, el ex gobernador perredista rechazó haber sido notificado por la actual administración del morenista, Ramírez Bedolla.
En entrevista, el fiscal también dio cuenta de que obtuvo una resolución de sentencia de un juez que obligó a la reparación del daño por un monto de cinco millones de pesos a un servidor público de la pasada administración, pero aún la sentencia está en el periodo en el que el agraviado puede hacer uso de su derecho a atender la sentencia.
