Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Pese a que este jueves fue aprobada la remoción de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda como titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la solicitud de juicio político en su contra promovido por la contralora, Azucena Marín Correa sigue su curso y los plazos para que se emita un Dictamen ante el pleno es de 54 a 70 días.
El pasado miércoles, la solicitud de juicio político en contra de Aguirre Abellaneda fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, la primera encabezada por la morenista María Fernanda Álvarez Mendoza y la segunda por la panista Mónica Lariza Pérez Campos, donde será analizado el documento hecho llegar por la titular de la Contraloría del estado en el que se señala al ahora ex titular de la ASM de presunto enriquecimiento oculto.
En el documento que envió la contralora a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local, señala que Aguirre Abellaneda, quien laboró en la administración de Silvano Aureoles Conejo, benefició presuntamente a parientes en múltiples empresas que realizaron contratos de obra que superaron los 258 millones de pesos, por lo cual, se abrieron un total de 66 procedimientos en su contra.
Los diputados integrantes de la Comisión Jurisdiccional del Congreso, serán los encargados de elaborar el Dictamen correspondiente sobre si es procedente o no el juicio político en contra de Aguirre Abellaneda, así lo confirmó en entrevista el presidente de dicha Comisión, el panista César Palafox Quintero, quien además, indicó que el proceso tarda entre 54 y 70 días para que pueda ser enviado al pleno del Congreso.
Palafox Quintero, aseveró que los integrantes de la Comisión Jurisdiccional serán responsables y dictaminarán conforme a las pruebas y los elementos que envió la contralora Azucena Marín, además de indicar que el análisis del juicio político no será en función de negociaciones en lo “oscurito” o por presiones ajenas hacia los diputados.
El panista insistió en que serán responsables en emitir el Dictamen, mismo que tiene varias etapas que deberán ser respetadas.
Las atribuciones de la Comisión Jurisdiccional del Legislativo son, encabezar la procedencia sobre los juicios políticos y las solicitudes para declarar que da lugar a proceder penalmente en contra de algún servidor público que goce de protección constitucional; la suspensión o desaparición de poderes de los Ayuntamientos; la legislación relativa a las sanciones de los servidores públicos; la suspensión o revocación del mandato de los miembros de los Ayuntamientos, y la remoción de algún miembro de la Mesa Directiva.
