Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado busca dar carpetazo a la denuncia por detención arbitraria, desaparición forzada temporal y tortura que fue levantada por Cristina Paredes Lachino en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Michoacán y personal de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado.
Fue el 2 de mayo de 2017 cuando ocurrió la detención. Mientras que la SSP señaló haber realizado una detención por allanamiento y daño en las cosas, la activista advirtió que no había orden de aprehensión y aseguró que se trató de un conflicto entre particulares del que era ajena. Tras la detención, refiere haber recibido tratos inhumanos y humillantes al interior de los separos de la PGJE.
“En la SSP se comunicaron conmigo y me dijeron que la carpeta la iban a cerrar porque no había elementos, que el comisario Francisco, quien me detuvo, ya no estaba trabajando ahí, que ya no está en las corporaciones de la institución. Pero yo no tengo certeza”, señaló.
La activista indica que las irregularidades comienzan desde que le detienen elementos de la Unidad de Asuntos Internos, pero la tortura ocurre durante su estadía en los Separos, en donde, asegura, le obligaron a desnudarse para cerciorarse de que no trajera drogas en sus genitales.
Sin protocolo de Estambul y entre criminalización de autoridades
Denuncia la activista que la Procuraduría fue omisa con la aplicación del Protocolo de Estambul, norma internacional para documentar la tortura y sus consecuencias, por lo que tuvo que solicitar el apoyo de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, asociación civil que cuenta con peritos y psicólogos, y está a la espera de los resultados.
Además, sostuvo que en su momento buscarán que el entonces secretario de Seguridad Pública y quien ahora ocupa la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona Martínez, expliqué el juicio “a priori” que hizo el exfuncionario al responder a los medios con un irónico “pues es que si se portó mal”, cuando le cuestionaron sobre la presunta detención arbitraria.
“Me causa impotencia y preocupación que quieran cerrar el caso. Separar de la corporación al policía que no tiene nada que ver, la responsable es la SSP y tiene la obligación de revisar y responder por todo. En su momento se va a volver a revisar, inclusive las declaraciones del secretario de Seguridad Pública”, sostuvo.
Indicó que si bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos quiso carearla con sus agresores, hasta el momento no se ha concretado nada ni su caso ha sido incluido en alguna recomendación. Recordó que está en el Mecanismo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Puntualizó que uno de los aspectos más graves en torno a su detención tuvo que ver con la negación que hicieron las autoridades a sus familiares de tenerla en el Ministerio Público, no obstante, señaló que la realización de una acción urgente con organizaciones nacionales generó la presión suficiente para que las autoridades informarán que sí estaba detenida.
Me detienen de manera arbitraria desde las 11 de la mañana, me desaparecen temporalmente, porque negaban que me tenían, es hasta las 7 que reconocen que me tienen y me liberan hasta la madrugada
Se disparan denuncias por tortura en 2019
Al desinterés de las autoridades de procuración de justicia por investigar denuncias de tortura, se suma que, por otra parte, las quejas se han disparado en este 2019, toda vez que al corte del primer semestre ya van 37 casos, cifra que ya superó las 36 quejas del 2017 y que se perfila para superar las 45 quejas que se presentaron en el 2018.
Del 2016 al 2017 se había presentado una baja, pues pasó de 43 a 36 quejas. No obstante cabe aclarar que cada expediente puede contener más de un hecho violatorio y que no en todas las violaciones a derechos humanos se presentan quejas.
De acuerdo a información proporcionada por la CEDH, principales autoridades señaladas son la Secretaría de Seguridad Pública, seguida de la Fiscalía General del Estado y en tercer lugar se ubican los ayuntamientos de Zamora y Jacona.
En 2016 la CEDH emitió ocho recomendaciones en las que se incluían señalamientos por casos de tortura, en el 2017 fue sólo una recomendación la que se incluyó sobre tortura, en tanto que en 2018 y en lo que va del 2019 se han emitido dos recomendaciones.
En el caso de la CNDH, en lo que va del 2019, se ha registrado una queja de tortura, misma que habrían realizado elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se registraron dos quejas por tratos crueles inhumanos y degradantes, seis por detenciones arbitrarias y dos por desaparición forzada, lo que coloca a Michoacán junto a Jalisco como punteros en ese indicador, acaparado cuatro de los 10 casos denunciados a nivel nacional.
La tortura es una práctica prohibida en la Constitución Mexicana, y en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Las sanciones por la comisión de este delito van de los 10 a los 20 años de prisión, incluso 30 años en casos de agravantes.
En Michoacán, el exsubsecretario de Seguridad Pública del estado, Carlos Gómez Arrieta, renunció hace casi un mes “con el afán de facilitar las investigaciones” luego de que se hiciera público un video en donde se le aprecia realizando actos de tortura para obligar a declarar a una persona por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
