Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El Congreso del estado podría incurrir en desacato por no realizar las consultas en al menos 200 comunidades indígenas de Michoacán sobre reformas a la Ley de Educación, ya que sólo tienen hasta junio del siguiente año.
Así lo advirtió la presidenta de la Comisión de Educación en el Legislativo, Belinda Hurtado Marín, luego de señalar que este año Legislativo sus homólogos sólo se enfrascaron en problemáticas internas de grupos parlamentarios o temas más políticos que en atender las sentencias de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN).
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En entrevista con el Sol de Morelia, la diputada del Partido del Trabajo (PT) consideró que en la 75 Legislatura no hay voluntad para tocar el tema de las consultas de manera seria, y por ello, hay un retraso en cuanto a la organización, así como en la aprobación del recurso que se destinará para las mismas.
Los diputados regresan de su receso de actividades hasta el 15 de febrero y sólo tienen como plazo hasta junio del 2023 para cumplir con las consultas.
Hurtado Marín advirtió que ante la falta de interés de los demás diputados, el Congreso local podría incurrir en desacato por omitir los mandatos judiciales e incluso adelantó que ya hay antecedentes en otras entidades de sanciones directas a legisladores que no atiendan las resoluciones.
En otras entidades, el presupuesto asignado para las consultas ascienden a 10 millones de pesos, recurso que ha solicitado la legisladora.
A mediados de este año, la SCJN invalidó 13 artículos de la Ley de Educación de Michoacán porque los diputados no consultaron a las comunidades indígenas y a las personas con discapacidad y afromexicanas antes de legislar.
