Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Integrantes de la comunidad indígena de San Francisco Uricho exigieron que se actúe legalmente en contra del sabotaje del que fue víctima la comunidad y se destituya a más de 15 funcionarios municipales y servidores de la nación de Bienestar.
El vocero del El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Guzmán Macario, denunció que el alcalde de Erongarícuaro, Juan Calderón Castillejos, a quien se señaló de enemigo público de las comunidades indígenas, amedrenta a los habitantes y mantiene una postura en contra de la autodeterminación de los pueblos originarios, por lo cual, anunció que en próximos días harán manifestaciones en el municipio en protesta por la violencia generada en el territorio.
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En rueda de prensa el Jefe de Tenencia de la comunidad de San Francisco Uricho, José Torres Vargas, informó que este domingo durante la realización de la asamblea funcionarios del Ayuntamiento de Erongarícuaro ingresaron con lujo de violencia a la jefatura, quienes rompieron los candados para robar papelería importante de la comunidad.
Asimismo, denunció, que los funcionarios enviados por el alcalde estaban en estado de ebriedad, quienes golpearon a mujeres embarazadas y personas de la comunidad, mientras quemaron llantas y quitaron las lonas para la consulta.
"Nosotros solo queremos paz y que la gente decida sobre el presupuesto directo. Ellos ya venían preparados, ya tenían en una casa las llantas y en sus mochilas la gasolina y es triste que la gente se deje manipular", resaltó Torres Vargas
En su intervención, la comunera de San Francisco Uricho, Ramona García, exigió que los más de 15 funcionarios municipales y de la delegación de Bienestar, como los servidores de la nación, sean destituidos de inmediato, ya que a decir de la habitante, ellos participaron en la quema de las llantas y en alentar a la gente a irse de la asamblea.
Finalmente pidió el cese en funciones del presidente municipal Calderón Castillejos, además de adelantar que presentaron dos denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por lesiones a los habitantes.
