Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).-La presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso, Belinda Hurtado Marín, responsabilizó a la secretaria de Finanzas, Rocio Pineda Gochi de retrasar las consultas en comunidades indígenas, personas con discapacidad y afromexicanos tras la falta de liberación de los recursos económicos.
Los diez millones de pesos que fueron aprobados en diciembre pasado por la 75 Legislatura para las consultas en materia de Educación, de acuerdo con Hurtado Marín están siendo retenidos por la titular de Finanzas del Congreso, ya que se está solicitando el cumplimiento de varios requisitos, pero sin se expliquen cuáles son los que se tienen que atender.
De acuerdo a la legisladora, Pineda Gochi bajo pretexto de que “se tienen que cumplir diversos requisitos” no ha dispersado ningún recurso de los diez millones de pesos autorizados por el Congreso, ante lo cual, no se ha podido contestar a personal especializado o una empresa que lleve a cabo todo el proceso de la aplicación de las consultas en al menos 400 comunidades indígenas del estado.
Las consultas a los pueblos originarios, a personas con discapacidad y a afromexicanos debieron realizarse desde enero de este año hasta el mes de marzo con la finalidad de cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras invalidar varios artículos de la Ley de Educación de Michoacán.
Incluso el Congreso del estado solicitó una prórroga a la SCJN para que este año se cumpla con el ordenamiento del máximo Tribunal, sin embargo, según la presidenta de la Comisión de Educación, aún no han recibido alguna respuesta.
En entrevista, la también diputada del Partido del Trabajo (PT), reconoció que en el Congreso existe “mucha incertidumbre”, porque no se ha avanzado en uno de los temas que no han podido atenderse, ante las omisiones presuntamente de la secretaria de Finanzas y de la propia Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Hurtado Marín, externó la necesidad de que la secretaria de Finanzas, Pineda Gochi libre el presupuesto a fin de que sea contratado el personal que acudirá a los pueblos indígenas, ya sea de forma distrital o regional, porque desde su perspectiva es imposible acudir ir comunidad por comunidad.
