Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Desde el Congreso local se propondrá una iniciativa de ley para que los elementos de la Guardia Civil porten cámaras de vigilancia, a fin de que haya certeza en los retenes y operativos que realizan en el estado.
Tal y como lo hacen algunos de los elementos de la Policía Morelia, quienes portan cámaras de videovigilancia, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo Pedraza expuso que para la siguiente sesión del Congreso presentará una propuesta de ley que obligue a los elementos de la Guardia Civil a contar con estas herramientas que ayudarán a disminuir los abusos que cometen los uniformados en contra de la población, ahora que realizan operativos en municipios donde hay coordinación con los estados.
Asimismo, Galindo Pedraza expuso que en la propuesta de iniciativa se incluirá también la profesionalización de los policías que conforman la Guardia Civil y que se especifiquen estrategias que deberán incluir los elementos en los operativos para que priorice. Salvaguardar la vida de las personas y el respeto a los derechos humanos de los michoacanos.
Lo anterior, tras el presunto abuso policial del cual fue víctima el pasado 4 de mayo el diputado del PT en el fraccionamiento Torreón Nuevo por elementos de la Guardia Civil, por lo cual, el legislador presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) ante la agresión que sufrió de los uniformados.
“Llegaron cuatro unidades cerca de 25 elementos, con absoluta prepotencia, sin decirnos por qué motivo comenzaron a revisar el vehículo, en ningún momento pusimos resistencia, pero al intentar capturar imagen de las unidades le llovieron golpes y cachetadas a mi compañero”, así lo relató Galindo Pedraza en un video que publicó en redes sociales.
En entrevista indicó que esta propuesta de ley tiene la finalidad de erradicar las malas prácticas de los elementos policiales que abusan de los ciudadanos.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Antonio Tinoco Álvarez confirmó recientemente que cuenta con un total de 270 quejas en contra de los elementos de seguridad del estado por el uso excesivo de la fuerza pública en contra de los ciudadanos.
