Morelia, Michoacán.- Luego de la detención del empresario Germán Oteiza Figaredo el pasado 8 de noviembre no ha sido posible que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y el indiciado sea traslado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición del juez correspondiente, según confirmaron a este medio abogados cercanos al caso.
El pasado 7 de marzo de 2023 fue liberada la orden de aprehensión contra el empresario del sector constructor por un juez de control de la Ciudad de México por el delito de insolvencia fraudulenta en agravio de BBVA México, por un adeudo de más 600 millones de pesos.
Sin embargo fue hasta el pasado 8 de noviembre pasado, cuando se ejecutó la orden de aprehensión en contra de Oteisa Figaredo, pero su defensa presentó una demanda de amparo indirecto radicada bajo el número de expediente 1421/2023 en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, por lo que obtuvo una suspensión temporal para no ser trasladado a la Ciudad de México en donde radican los cargos en su contra..
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, desde el 8 de noviembre a las 9:40 horas German Oteiza Figaredo se encontraba detenido y desde ese momento tuvo que haber sido trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición del Juez de Control correspondiente, a fin de iniciar el proceso penal de ley.
Sin embargo, después de que elementos de la policía de investigación de la Ciudad de México se trasladaron a Michoacán el empresario logró evadir el proceso penal en su contra bajo el argumento de estar “delicado de salud”, por lo que fue trasladado al Hospital Memorial en una suite aislada, en donde permanece.
Los abogados del caso han confirmado que los propios doctores del hospital que atienden el caso han manifestado que “pierden el tiempo” revisando al presunto culpable y han manifestado su desacuerdo con la directiva del hospital, ya que “el paciente no tiene ningún problema de salud”.
Por el momento, las autoridades correspondientes no han podido actuar en consecuencia y el caso se encuentra en suspenso, aunque los abogados del caso infieren que hay colaboración de las autoridades locales para “obstaculizar la acción de las justicia”.
