/ martes 9 de noviembre de 2021

Hubo abuso del Estado en caso Arantepacua: Ramírez Bedolla

El gobernador de Michoacán dijo que acatará recomendación de la CNDH sobre violaciones a derechos humanos en esa comunidad

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla consideró que en la comunidad de Arantepacua fue obvio y evidente el abuso del Estado en la masacre de abril de 2017, durante la gestión de Silvano Aureoles Conejo.

El mandatario estatal dijo que este es uno de los temas pendientes con las comunidades indígenas y recordó la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 23 de diciembre del 2020 al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la cual no ha sido atendida.

Durante su visita al municipio de Cherán, Ramírez Bedolla afirmó que Arantepacua, municipio de Nahuatzen, está en diálogo con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, para atender la petición de Derechos Humanos, para que ésta quede en calidad de acatada por parte del estado.

Foto-: Carmen Hernández | El Sol de Morelia

No obstante, adelantó que la obediencia al mandato tiene que ser con base en lo que la comunidad indique, “el acatamiento solo establece la recomendación de forma genérica”, precisó.

Añadió que el actual fiscal del estado, Adrián López Solís, era en ese entonces el secretario de Gobierno, por lo que le correspondería investigar a fondo los hechos.

“Nosotros como Ejecutivo respondemos por nosotros y vamos a cumplir con la recomendación que nos hizo la CNDH; lo que se está acordando con la comunidad son los términos para que haya satisfacción de las partes”, enfatizó el gobernador de Michoacán.

Foto: Carmen Hernández | El Sol de Morelia

La CNDH emitió la recomendación 42VG/2020 al entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo y al fiscal general del estado, Adrián López Solís, por violaciones graves ocurridas los días 4 y 5 de abril de 2017, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura.

Además se transgredió el derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio de la comunidad de Arantepacua, donde se cometieron detenciones arbitrarias, actos de tortura y el asesinato de cuatro personas por uso de la fuerza letal.

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla consideró que en la comunidad de Arantepacua fue obvio y evidente el abuso del Estado en la masacre de abril de 2017, durante la gestión de Silvano Aureoles Conejo.

El mandatario estatal dijo que este es uno de los temas pendientes con las comunidades indígenas y recordó la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 23 de diciembre del 2020 al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la cual no ha sido atendida.

Durante su visita al municipio de Cherán, Ramírez Bedolla afirmó que Arantepacua, municipio de Nahuatzen, está en diálogo con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, para atender la petición de Derechos Humanos, para que ésta quede en calidad de acatada por parte del estado.

Foto-: Carmen Hernández | El Sol de Morelia

No obstante, adelantó que la obediencia al mandato tiene que ser con base en lo que la comunidad indique, “el acatamiento solo establece la recomendación de forma genérica”, precisó.

Añadió que el actual fiscal del estado, Adrián López Solís, era en ese entonces el secretario de Gobierno, por lo que le correspondería investigar a fondo los hechos.

“Nosotros como Ejecutivo respondemos por nosotros y vamos a cumplir con la recomendación que nos hizo la CNDH; lo que se está acordando con la comunidad son los términos para que haya satisfacción de las partes”, enfatizó el gobernador de Michoacán.

Foto: Carmen Hernández | El Sol de Morelia

La CNDH emitió la recomendación 42VG/2020 al entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo y al fiscal general del estado, Adrián López Solís, por violaciones graves ocurridas los días 4 y 5 de abril de 2017, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura.

Además se transgredió el derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio de la comunidad de Arantepacua, donde se cometieron detenciones arbitrarias, actos de tortura y el asesinato de cuatro personas por uso de la fuerza letal.

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