Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- En Michoacán, sólo el 30 por ciento de los delitos contra el medio ambiente son judicializados, de manera que el 70 por ciento queda en la impunidad, reconoció el Fiscal Especializado en Combate a los Delitos del Medio Ambiente y la Fauna, José de Jesús Reyes Mosqueda, quien reconoció la necesidad de reformar el Código Penal, a fin de que estos ilícitos sean considerados graves y puedan derivar en sanciones más severas.
En entrevista con El Sol de Morelia, el fiscal ambiental dijo que la instancia a su cargo genera cuando menos 10 carpetas de investigación al mes, de las cuales se desprenden delitos por tala ilegal, cambio de uso de suelo irregular y diferentes daños al medio ambiente de Michoacán.
“De tener un porcentaje de delitos judicializados muy mínimo, casi del 10 por ciento, hoy estamos canalizando el 25 o 30 por ciento de los casos a los órganos jurisdiccionales”, mencionó.
Agregó que, además de carpetas judicializadas, se ha venido trabajando también en el desarrollo de audiencias, así como en el seguimiento de sanciones de personas imputadas, quienes, dijo, en el mayor de los casos responden a resarcir el daño causado a la capa forestal del estado.
En este sentido, precisó que se ha conseguido la reforestación de 16.37 hectáreas por área dañada, lo cual no representaría casi nada, respecto a las 66 mil 762 hectáreas que año con año se pierden en la entidad, de acuerdo con la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom).
De hecho, la Cofom también reconoce que, de 1990 a 2010, la superficie arbolada de Michoacán decreció por un millón 355 mil 060 hectáreas, ante lo que la institución reconoce que el cambio de uso de suelo con fines agrícolas encabezaría entre las principales causas de este deterioro ambiental.
Urge reformar Código Penal
El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos del Medio Ambiente y la Fauna subrayó la necesidad de que el Poder Legislativo responda a reformas sobre el Código Penal, a fin de establecer sanciones más severas en contra de quien dañe el esquema ambiental del estado.
Dijo esto, luego de reconocer que, al no tener acceso a la prisión preventiva oficiosa, los delitos por daños ambientales tienden a no ser judicializados, es decir, quedan en la impunidad.
“Es necesario que se reforme el Código Penal a nivel federal, porque sólo así podríamos aplicar prisión preventiva oficiosa en contra de quienes incidan en este tipo de delitos”, subrayó.
A propósito de las declaraciones del fiscal ambiental, el gobernador Silvano Aureoles Conejo también resaltó la urgencia de que se encrudezcan las sanciones por delitos ambientales, en respuesta al nulo nivel de judicialización que éstos presentan.
De este modo, la Fiscalía General del Estado reconoció que un 70 por ciento de los delitos ambientales que se registran en Michoacán quedan en la impunidad, mientras la capa forestal del estado, año con año, reporta pérdidas de hasta 66 mil 762 hectáreas.
