Morelia, Mich. (OEM-Infomex).- El gobierno del estado causó un posible daño a la hacienda federal por el orden de los cuatro mil 98 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2018 con lo cual Michoacán está entre las cuatro entidades con mayor número de irregularidades registradas ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Lo anterior conforme a las observaciones hechas por la ASF a las participaciones federales conocidas también como gasto federalizado no programable, que forman parte del Ramo 28 y que llegaron a Michoacán en el ejercicio fiscal 2018, según el Informe de Resultados de la ASF emitido el pasado 24 de febrero de 2020 y en el que señala que la entidad se encuentra en cuarto lugar por los Pliegos de Observación (PO), específicamente, después del Estado de México, Morelos y Chihuahua.
Cabe recordar que en el Ejercicio Fiscal en referencia, el Ramo General 28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”, se refería a los recursos transferidos a las entidades federativas y a los municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos, “en concordancia con la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como con los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal”.
De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dichos recursos no estaban etiquetados, es decir, no tenían un destino específico en el gasto de los gobiernos locales, sino que su carácter principal era resarcitorio.
“Tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades en la actividad económica y la recaudación; y por lo tanto pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio”, señalan documentos de la SHCP.
Cabe señalar que el reporte de la ASF, que se puede encontrar en su página web y, específicamente en el link http://informe.asf.gob.mx/simplificados/FSA%20PF%20Entidades.pdf se informa que el monto total observado por “Participaciones Federales a Entidades Federativas” en 2018, fue de 82 mil 231.6 millones de pesos.
Dicho importe de montos por aclarar, se conformó de: Solicitudes de Aclaración por el orden de 64 mil 703.9 millones de pesos (78.7 por ciento) y, Pliegos de Observación (PO), por la suma de 17 mil 527 millones de pesos (21.3 por ciento)
Los principales conceptos que “generaron un monto observado durante el ejercicio”, fueron: la falta de presentación de la información contractual completa relativa a proveedores y contratistas; la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales y la falta de presentación de información completa de las nóminas.
Además contempla otro concepto denominado “otras irregularidades” en el que se consideran la falta de amortización de los anticipos de obras contratadas, la falta de evidencia de la ejecución de obras y de la recepción de bienes y servicios adquiridos, obra pagada no ejecutada o de mala calidad, pagos improcedentes o en exceso, penas convencionales no aplicadas y adquisiciones innecesarias de bienes y servicios.
“En lo que respecta de manera exclusiva a los PO, el Estado de México tuvo el mayor importe, el cual representó el 42.0 por ciento del total de los PO; asimismo, el segundo, tercer y el cuarto lugar lo ocuparon Morelos, Chihuahua y Michoacán con el 20.3 por ciento, 13.1 por ciento y 5.7 por ciento de manera respectiva”, señala textualmente el informe.
Al respecto, el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, prefirió no declarar al respecto, según su enlace de Comunicación Social, solicitando además abordar el tema con el secretario de Contraloría del estado, Francisco Huergo Maurín.
