Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), Abraham Torres Magaña, reconoció que hasta el momento no existen sanciones contra ayuntamientos por deficiencias en sus procesos de transparencia, pero sí hay casos que ya recibieron medidas de apremio, es decir, amonestación pública que puede convertirse en multa económica si no se siguen las recomendaciones.
En entrevista, dijo que en los gobiernos municipales hay serias deficiencias a la hora de compartir información actualizada y legible para los usuarios en las vías digitales, lo que entorpece las obligaciones de transparentar los procesos que por ley deben ser públicos.
En ese sentido, invitó a la ciudadanía a denunciar ante el propio organismo este tipo de prácticas que forman parte de una lista de 46 obligaciones para diferentes entes gubernamentales, tras lo cual se abren procesos jurisdiccionales para garantizar su cumplimiento.
Añadió que el IMAIP realiza verificaciones oficiosas en cuatro etapas, donde ya no se le notifica al sujeto obligado, sino que se hacen sorteos en tómbola de tal forma que todos deben estar preparados para rendir información de transparencia. A partir de esta modalidad, los diferentes organismos y gobiernos han mejorado su trabajo en la materia, señaló Montes Magaña, lo que incluye a ayuntamientos, gobierno del estado, Poder Legislativo, sindicatos y organismos autónomos.
En aras de darles oportunidad a mejorar su rendición de cuentas, si en la primera calificación existen observaciones, hay un plazo de tres días para que las rectifiquen, pues no se trata solo de ser un ente sancionador, señaló el comisionado, quien agregó que todos los jueves se les capacita en materia de gobierno abierto, además de que se firmó un acuerdo con el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral de Michoacán y el Poder Judicial del estado para buscar la denominada justicia abierta.
La meta es que en 2024 se hable de un Estado Abierto, es decir, que sea efectivo el derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
