Morelia, Michoacán.-A partir de ahora la Policía de Morelia está facultada legalmente para poder abrir carpetas de investigación y llevar a cabo un proceso judicial hacia quienes cometan algún delito.
Estas acciones fueron producto de la firma de convenio entre el Ayuntamiento Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE) con el que se busca trabajar en conjunto para reducir los índices de violencia en la capital michoacana.
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El presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, precisó que, a través de estas investigaciones, la institución será "una de las partes fundamentales para eliminar las cifras negras de violencia, contribuir al estado de derecho y disminuir la impunidad".
Cuando hay impunidad, los delitos florecen. Se cometen más porque el delincuente tiene la certeza de que no le va a pasar nada; pero cuando sabe que va a haber una sanción, estos disminuyen.
Alfonso Martínez Alcázar, presidente de Morelia
De acuerdo al edil, la corporación de seguridad, además de cámaras corporales, cuenta con mil 800 cámaras de vigilancia distribuidas en la ciudad y tres mil 800 en domicilios particulares que están conectadas al sistema de la dependencia.
Con esto, "Morelia se ha convertido en una de las ciudades más videovigiladas del país y todo eso podrá ser utilizado para las investigaciones que se podrán hacer de manera legal", detalló el funcionario.
Por su parte, la fiscal regional de Morelia, Isabel Maldonado Sánchez, quien acudió en representación del fiscal general del estado, Adrián López Solís, añadió que, si bien ya se venía realizando un trabajo entre las dos instituciones, este convenio "materializa el beneficio de la investigación y persecución del delito".
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"Con estas órdenes que el Ministerio Público brinde a la Policía de Morelia, se apoyará para que estos actos fortalezcan la integración de las carpetas investigativas".
Aunado a esto, el comisionado de Seguridad, Alejandro González Cussi, informó que otro de los propósitos de esta firma es que la FGE brinde capacitaciones a los elementos morelianos para que sus actuaciones en los delitos de alta incidencia, bajo impacto y violencia contra las mujeres sean más precisas.
