Morelia, Michoacán (OEM-Infomex). Luego de que el Ejecutivo del estado publicara en el Periódico Oficial el decreto de extinción de la Junta Local de Caminos (JLC) y con ello la liquidación para 400 trabajadores adscritos, diputados locales buscarían promover una controversia constitucional ante lo que se consideró una acción sin atribuciones de parte del gobierno de Michoacán.
Lo anterior debido a que fue por decreto del Legislativo la creación del organismo descentralizado y por esa misma vía debió realizarse su eliminación, por lo que líderes parlamentarios en el Congreso local coincidieron en que fue la falta de acuerdos políticos lo que llevó a que el Ejecutivo sobrepasara facultades en relación a este tema.
El presidente de la Mesa Directiva, Antonio Madriz Estrada, reconoció que no es atribución del Poder Ejecutivo decretar la extinción de la Junta de Caminos por lo que consideró que la acción demostró una falta desconocimiento por parte de los asesores del gobernador Silvano Aureoles.
Sin adelantar escenarios, el diputado por Morena prefirió esperar a que sean los integrantes de la Comisión de Gobernación quienes determinen el procedimiento a seguir por la vía legal y jurídica.
Mientras que el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Eduardo Orihuela Estefan, afirmó que hizo falta diálogo y acuerdos políticos para construir una salida desde el Legislativo y garantizar a los trabajadores sus derechos laborales.
El Ejecutivo debe replantear esta decisión y las mesas de trabajo porque pareciera que hay una disputa entre el gobierno del estado y Morena para saber quién puede más cuando lo que se tiene que hacer es caminar por el mismo lado y no generar una confrontación
El líder parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Estrada Cárdenas, comentó que la determinación del Ejecutivo no fue un acto de dolo sino falta de consenso a un acuerdo político con respecto a la Junta de Caminos, por lo que dijo que se revisará este tema para que en lo inmediato no exista un desgaste en el procedimiento legislativo como ocurrió con las iniciativas para reestructurar en lugar de desaparecer dicho organismo descentralizado.
La presidenta de la comisión de Gobernación, Cristina Portillo Ayala, adelantó que se acompañará a los trabajadores con amparos ante instancias jurídicas y se promoverá la controversia constitucional para la cual se requiere aprobación de 14 diputados.
Debe existir un diálogo mas fluido, los trabajadores tienen situación jurídica que los está ahogando y se tendría que resolver la situación para evitar juicios, se tendría que resolver la situación de forma conveniente y se espera resolutivo de amparos en proceso.
Aseveró que sería conveniente tener una explicación del ejecutivo del porqué se determinó accionar de esa forma.