Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) está preparando una propuesta de política estatal anticorrupción para que en 2030, este fenómeno pase de “muy frecuente” a “poco frecuente” en el territorio michoacano.
Rosmi Berenice Bonilla Ureña, presidenta del CPC, detalló que la propuesta de política contra la corrupción consta de cuatro ejes: combatir impunidad, fortalecer cultura de la legalidad, impulsar participación ciudadana y garantizar la transparencia y el control en los recursos públicos.
Detalló que de estos cuatro ejes se desprenderán 18 prioridades y 31 objetivos entre los que destacan: para combatir la impunidad se propone que se cierren los espacios en los que se pueda generar mayor delito y se aceleren los procesos de investigación y sanción para combatir este hecho.
Para fortalecer la cultura de la legalidad se plantea generar códigos de ética y conducta pública, y que cada institución los tenga para que los funcionarios y servidores se sujeten a ellos.
Para incrementar la participación ciudadana en el combate a la corrupción se impulsarían las contralorías sociales, las cuales se encargan de dar seguimiento a programas sociales y que los beneficios de estos, en realidad se entreguen a la población objetivo.
En materia de control de recursos públicos, se impulsará la figura del gobierno electrónico, en este sentido la presidenta del CPC explicó que: puedes pagar en línea tu predial, este recurso llega a un banco y al caer en un banco ya es fiscalizable. En cambio cuando se hace en ventanilla un pago y te dan un comprobante, pero esos recursos se pueden poner "por error” en otra parte. El gobierno electrónico permitirá revisar que el número de pagos corresponda al monto que están en la cuenta”.
La presidenta del CPC señaló que para realizar esta propuesta de política pública se comenzó en 2018, con diversas consultas al sector académico, asociaciones civiles, sector empresarial y universidades.
Además, en 2019, se realizaron tres foros regionales, en los municipios de Zamora, Lázaro Cárdenas y Uruapan, para preguntar cuál era el problema de corrupción en cada región en particular, y quedó pendiente de realizar Ciudad Hidalgo, el cual ya no se pudo realizar por cuestión de la pandemia generada por el Covid-19.
Por el momento, la propuesta está en manos del consejo consultivo del SEA, y una vez que se apruebe, el siguiente paso será definir las acciones a tomar con las autoridades gubernamentales.
“La propuesta todavía no llega a decirle a las instituciones qué es lo que tienen que hacer par a combatir la corrupción, es un diagnóstico 4 ejes necesarios para que la corrupción no desaparezca, porque esa es una cuestión muy ambiciosa, pero sí disminuya significativamente, hay mucha buena voluntad de parte de las instituciones de trabajar con nosotros. Ya nos sentaremos con ellos para definir cuáles serán las acciones para, ahora sí, la implementación y realizar acciones concretas y empezar a ver resultados y medir cómo vamos a combatir la corrupción”.
Actualmente, de acuerdo con el Índice Global de impunidad, el estado tiene un resultado de “alta”; la percepción sobre la frecuencia de corrupción, es “muy frecuente”, y la tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes de 15 mil 732 por cada 100 mil.
