Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- De dos a cinco años de prisión se le impondrá al funcionario o servidor público de cualquier nivel que sea omiso en las denuncias sobre violencia sexual contra los infantes de Michoacán, así fue presentado este martes la propuesta de iniciativa de ley que reforma el artículo 241 bis del Código Penal del Estado.
Para la diputada Luz María García García del Partido Encuentro Solidario (PES), quien propuso la iniciativa ante el pleno del Legislativo, denunció ante tribuna que el abuso sexual infantil en Michoacán es un “problema grave” y “silencioso” que daña a cientos de niñas, niños y adolescentes, incluso, aseguró que actualmente este problema sigue siendo difícil de ser denunciado por parte de la mayoría de las víctimas.
En la iniciativa, la legisladora local, precisó que las víctimas de violencia sexual de 0 a 17 años en Michoacán, aumentaron de 21 en 2020 a 40 en 2021, según cifras de las autoridades estatales, mientras que la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del Estado, reportó que en noviembre del 2022, un total de 807 personas menores de 16 años sufrieron abuso sexual, el cual, consiste en tocamientos hacia los menores con o sin finalidad de llegar al sexo.
Además, la diputada del PES, agregó que los casos investigados por la Fiscalía del Estado, apuntaron que el primer lugar para cometer el abuso sexual es dentro del hogar, seguido de la vía pública y por último en la escuela, es decir, al menos dos de los tres casos se consideran lugares “seguros”. En tanto, la propuesta de iniciativa, indica también que los agresores más frecuentes son el padrastro o pareja sentimental de la madre, cuatro de cada diez casos; el abuelo, tres de cada diez; el padre, dos de cada diez; y, el profesor, uno de cada diez.
Con menor número de casos denunciados se encuentran tíos, primos y cuidadores de infancias, sin embargo, la legisladora insistió en que es una problemática grave que debe ser sancionada con mayor rigor, y por ello, propuso que se adicione el artículo 241 bis del Código Penal del Estado para que al funcionario o el servidor público de cualquier nivel, municipal o estatal, que con motivo de su oficio, empleo o cargo tenga conocimiento de la comisión de cualquier delito sexual contra los infantes, se le impondrá de dos a cinco años de prisión.
El funcionario que sea omiso en denunciar los casos de abuso sexual contra los menores de edad, se le aplicará de 50 a 300 días de multa.
Añadió que los gobiernos deben promulgar leyes sólidas que criminalicen la violencia sexual contra niños y niñas, mismas que deben incluir definiciones claras de los delitos, sanciones proporcionales y procedimientos legales efectivos para investigar y enjuiciar a los perpetradores.
