Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- En la presentación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, participó la senadora Blanca Piña Gudiño para ofrecer trabajar desde la Cámara Alta para crear y aprobar leyes más exigentes en el que castiguen este delito de lesa humanidad, ya que en México afecta principalmente a grupos que se encuentran en vulnerabilidad, y reconoció que se debe trabajar y legislar para crear una justicia restaurativa.
La también integrante de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, estuvo acompañada de la directora del Programa contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, Araceli Nogueda Simón y funcionarios de la Fiscalía estatal, en donde dio a conocer las acciones inmediatas que rige esta estrategia, la cual solo ha sido implementada en Jalisco.
Este proyecto ayudará en la estandarización de protocolos de actuación e implementación de políticas públicas con la finalidad de detectar, prevenir y atender este fenómeno, y con ello dar el esfuerzo para que las víctimas puedan ejercer su derecho a la reparación de daño.
“Por desgracia, aún hoy, México es un país de origen, de tránsito y de destino de víctimas de Trata, en un gran porcentaje con fines de explotación sexual y trabajo forzado o semi-esclavo”, expresó Piña Gudiño.
También señaló que los grupos que están en una mayor situación de vulnerabilidad de este delito son los niños, las niñas, las mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de migración y precariedad social.
De esta manera, Piña Gudiño señaló que al ser la trata un crimen de lesa humanidad, el enfoque de su atención y aspiración a su erradicación desde ser desde los derechos humanos porque “la visión estrecha, estrictamente penal, del problema de la Trata, ha ocasionado que a 25 años de que el país adoptara la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, la brecha entre estos principios de justicia y la manera en que las víctimas son atendidas, en realidad es muy amplia”.
Finalmente reconoció que esa visión estrecha de los gobiernos, no solo deja a las víctimas al margen de las políticas de justicia penal, sino que no dan acceso a la justicia restaurativa, ya que los afectados tienen el derecho a que obtengan un castigo penal, y a la reparación del daño causado, que es la compensación, garantías de no repetición o re-victimación, acompañamiento médico, psicológico y acceso a la verdad de los hechos.
