MORELIA, Michoacán.- (OEM-Infomex).- Para el secretario de Finanzas y Administración de Michoacán (SFA), Carlos Maldonado Mendoza, existen varias áreas de oportunidad en donde sería viable la aplicación de nuevos impuestos para el próximo 2020. Sin embargo, esta será una decisión final por parte del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sobretodo si el proceso de federalización de la nomina educativa no se concreta.
Aunque en recientes declaraciones Aureoles Conejo negó que de momento se tenga contemplado aplicar algún nuevo gravámen, el titular de la SFA consideró que desde su óptica financiera si era necesario crear alguna nueva carga impuestal derivado de la situación económica por la que atraviesa la entidad, aunado a que Michoacán es uno de los estados del país con baja recaudación fiscal.
“Tiene que ver con la posibilidad o no de que la educación básica quede asumida por la Federación, incidirá fundamentalmente, en caso de que no quede en mi perspectiva de carácter financiero si sería necesario la posibilidad de proyectar alguna estimación de impuesto adicional (…) son muchas las áreas de oportunidad”, refirió el titular de la SFA.
Es de mencionar que dentro de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán 2019, de inicio, fueron aprobados incrementos a los impuestos sobre la Nómina y de Hospedaje, y se plantearon gravámenes en materia ambiental, cedulares y notariales, estos tres últimos que finalmente fueron derogados en el transcurso del año puesto que, entre otras cosas, no tenían un estimado de recaudación ni tampoco de cómo se cobrarían.
En ese tenor, Maldonado Mendoza informó continúan trabajando en la firma del nuevo convenio en materia de educación con el Gobierno de la República, por lo que la propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado 2020, a entregarse antes del 20 de noviembre, dependerá de que se concrete el monto con el que se ayudará para el pago de los 32 mil docentes con clave estatal.
En tanto precisó que, para el pago de salarios a docentes estatales, en los próximos meses tendrían que recurrir a la gestión de recursos extraordinarios, tal como sucedió para cumplir con la entrega de la primera quincena del mes de septiembre, en donde la administración estatal aportó 113 millones de pesos y la federación 237 millones, cubriéndose la dieta de los docentes y el bono de recuperación salarial cuyo monto ascendía a los 100 millones de pesos.
