/ sábado 6 de agosto de 2022

Desechan amparo de Jorge Luis Lavalle para obtener pruebas a su favor en caso Odebrecht

Un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México decidirá si se aprueba o no la decisión del juez

Un juez federal desechó un amparo tramitado por la defensa legal del exsenador Jorge Luis Lavalle Maury con la que buscaban obtener pruebas a su favor en el caso Odebrecht, donde se le acusa de recibir supuestos sobornos para aprobar la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

Consultada por El Sol de México, la defensa legal del exsenador panista, que lleva preso más de un año en el Reclusorio Norte, confirmó que se trata de una petición a un juez para poder acceder a información bancaria de la empresaria Fabiola Tapia, quién según los dichos de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en juicio por este mismo caso, fue la que supuestamente puso el dinero en efectivo para repartir los sobornos.

Puedes leer también: FGR tiene tres investigaciones abiertas contra el expresidente Peña Nieto

Ante esta situación los abogados de Lavalle presentaron una queja, por lo que el caso será estudiado por un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, quien determinará si aprueba o desecha la decisión del juez.

En sus declaraciones Emilio Lozoya Austin ha asegurado que el dinero depositado a Tapia fue un adelanto en las transferencias que hizo Odebrecht. En respuesta la defensa de Lavalle ha sostenido que dicha operación es inexistente, por lo que han pedido que se presenten los estados financieros de la empresaria para utilizarlos como prueba a su favor.

Por ello, a petición de los abogados de Lavalle, el 16 de junio de 2022 un agente del Ministerio Público, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, tramitó una “solicitud técnica de investigación” dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI/I-CDMX/0000865/2020 para acceder a los datos bancarios de Tapia.

Sin embargo, el mismo día un juez de control determinó no autorizar la entrega de la información solicitada debido a que se trata de “información protegida por secreto bancario”, por lo que técnica de investigación con el número 249/2022 fue rechazada.

Luego de esto la defensa de Lavalle interpuso una demanda de amparo ante un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, quien luego de estudiar el caso decidió que era improcedente dicho amparo.

Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle durante la fotografía oficial de la LXII Legislatura en el Senado de la República. Foto: Cuartoscuro

“En el caso que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados -relacionados con la solicitud de elementos de juicio-, no tienen sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación porque no causan de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva que no afecta de manera material ningún derecho sustantivo del quejoso”, concluyó el juez.

Por este tipo de situaciones es que un juez federal del Reclusorio Norte decidió aplazar por tres meses más la audiencia en la que se presentarán las pruebas a favor de Lavalle, lo que impide que el proceso abierto en contra del exsenador avance a la etapa del juicio donde se determinará si cometió o no los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lavalle está preso desde abril de 2021 acusado por formar parte de una asociación delictiva encabezada por el expresidente Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray en la que supuestamente se realizaron sobornos para aprobar la reforma energética de ese sexenio, indagatoria iniciada a raíz de una declaración de Lozoya ante la FGR en agosto de 2020.

Un juez federal desechó un amparo tramitado por la defensa legal del exsenador Jorge Luis Lavalle Maury con la que buscaban obtener pruebas a su favor en el caso Odebrecht, donde se le acusa de recibir supuestos sobornos para aprobar la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

Consultada por El Sol de México, la defensa legal del exsenador panista, que lleva preso más de un año en el Reclusorio Norte, confirmó que se trata de una petición a un juez para poder acceder a información bancaria de la empresaria Fabiola Tapia, quién según los dichos de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en juicio por este mismo caso, fue la que supuestamente puso el dinero en efectivo para repartir los sobornos.

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Ante esta situación los abogados de Lavalle presentaron una queja, por lo que el caso será estudiado por un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, quien determinará si aprueba o desecha la decisión del juez.

En sus declaraciones Emilio Lozoya Austin ha asegurado que el dinero depositado a Tapia fue un adelanto en las transferencias que hizo Odebrecht. En respuesta la defensa de Lavalle ha sostenido que dicha operación es inexistente, por lo que han pedido que se presenten los estados financieros de la empresaria para utilizarlos como prueba a su favor.

Por ello, a petición de los abogados de Lavalle, el 16 de junio de 2022 un agente del Ministerio Público, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, tramitó una “solicitud técnica de investigación” dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI/I-CDMX/0000865/2020 para acceder a los datos bancarios de Tapia.

Sin embargo, el mismo día un juez de control determinó no autorizar la entrega de la información solicitada debido a que se trata de “información protegida por secreto bancario”, por lo que técnica de investigación con el número 249/2022 fue rechazada.

Luego de esto la defensa de Lavalle interpuso una demanda de amparo ante un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, quien luego de estudiar el caso decidió que era improcedente dicho amparo.

Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle durante la fotografía oficial de la LXII Legislatura en el Senado de la República. Foto: Cuartoscuro

“En el caso que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados -relacionados con la solicitud de elementos de juicio-, no tienen sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación porque no causan de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva que no afecta de manera material ningún derecho sustantivo del quejoso”, concluyó el juez.

Por este tipo de situaciones es que un juez federal del Reclusorio Norte decidió aplazar por tres meses más la audiencia en la que se presentarán las pruebas a favor de Lavalle, lo que impide que el proceso abierto en contra del exsenador avance a la etapa del juicio donde se determinará si cometió o no los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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