/ sábado 25 de febrero de 2023

Deforestación en la Amazonia aumentó con Lula da Silva

La Amazonia registró un récord destructivo con 209 kilómetros cuadrados arrasados, peor que con Bolsonaro

La deforestación en la Amazonía brasileña marcó un récord para febrero, segundo mes de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, según datos oficiales publicados ayer, que contemplan poco más de la mitad del periodo, aún inconcluso.

El monitoreo satelital detectó 209 kilómetros cuadrados de floresta destruida en la parte brasileña de la mayor selva tropical del mundo, según datos preliminares del sistema de vigilancia DETER, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

El área, equivalente a más de 29 mil campos de fútbol, contempla apenas datos hasta el 17 de febrero, pero ya representa un alza en relación con el récord anterior, de 199 km2 destruidos en todo el mes de febrero de 2022, último año del gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

En enero pasado, el monitoreo satelital había reportado una caída de 61 por ciento en relación con el mismo periodo de 2022, aunque organizaciones ambientalistas habían alertado de que era prematuro hablar de una “reversión de tendencia”, ya que parte de la caída podría estar relacionada a una mayor cobertura de nubes que perjudicaron los cálculos.

“El aumento de la deforestación puede ser un reflejo de la limitación en la detección el mes pasado debido a la cobertura de nubes, y lo que se está observando ahora tal vez contemple tanto el área destruida este mes como también de enero”, dijo Daniel Silva, especialista en conservación de la ONG WWF-Brasil.

Bajo la administración de Bolsonaro, un aliado de la agroindustria y negacionista del cambio climático, la deforestación anual promedio en la Amazonía brasileña aumentó 75.5 por ciento con respecto a la década anterior.

Expertos aseguran que la destrucción se debe principalmente al avance de las granjas y los usurpadores de tierras que talan la selva para ganadería y cultivos.

Lula, de 77 años, asumió por tercera vez la presidencia de Brasil con la protección de la floresta como una de sus principales banderas para permitir que Brasil deje de ser un “paria” en temas climáticos.

El mandatario de izquierda nombró al frente del ministerio de Medio Ambiente a Marina Silva, una reconocida ambientalista que estuvo al frente de esa cartera entre 2003 y 2008, cuando Brasil logró disminuir sensiblemente la deforestación.

El 24 de enero, Silva reconoció en una entrevista que la realidad ambiental de Brasil es “mucho peor” de lo esperado.

“Sabemos que existe un empeño del nuevo gobierno para controlar la deforestación, pero los resultados concretos deben demorar un tiempo para ser observados”, agregó el experto de la WWF-Brasil.

Brasil conversa con algunas potencias occidentales, como Francia, para que aporten recursos y sumen sus esfuerzos al Fondo Amazonía, cuyos principales donantes son Noruega y Alemania.

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Además de la lucha contra la deforestación, el gobierno de Lula encara un combate contra otros delitos, como la minería ilegal, con una operación que busca expulsar a invasores de tierras de la etnia Yanomami, en la mayor reserva indígena del país en la frontera con Venezuela.

El Ministerio Público de Brasil informó que compartirá con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal la herramienta lanzada a finales de 2022 para combatir delitos en la Amazonía.

La deforestación en la Amazonía brasileña marcó un récord para febrero, segundo mes de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, según datos oficiales publicados ayer, que contemplan poco más de la mitad del periodo, aún inconcluso.

El monitoreo satelital detectó 209 kilómetros cuadrados de floresta destruida en la parte brasileña de la mayor selva tropical del mundo, según datos preliminares del sistema de vigilancia DETER, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

El área, equivalente a más de 29 mil campos de fútbol, contempla apenas datos hasta el 17 de febrero, pero ya representa un alza en relación con el récord anterior, de 199 km2 destruidos en todo el mes de febrero de 2022, último año del gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

En enero pasado, el monitoreo satelital había reportado una caída de 61 por ciento en relación con el mismo periodo de 2022, aunque organizaciones ambientalistas habían alertado de que era prematuro hablar de una “reversión de tendencia”, ya que parte de la caída podría estar relacionada a una mayor cobertura de nubes que perjudicaron los cálculos.

“El aumento de la deforestación puede ser un reflejo de la limitación en la detección el mes pasado debido a la cobertura de nubes, y lo que se está observando ahora tal vez contemple tanto el área destruida este mes como también de enero”, dijo Daniel Silva, especialista en conservación de la ONG WWF-Brasil.

Bajo la administración de Bolsonaro, un aliado de la agroindustria y negacionista del cambio climático, la deforestación anual promedio en la Amazonía brasileña aumentó 75.5 por ciento con respecto a la década anterior.

Expertos aseguran que la destrucción se debe principalmente al avance de las granjas y los usurpadores de tierras que talan la selva para ganadería y cultivos.

Lula, de 77 años, asumió por tercera vez la presidencia de Brasil con la protección de la floresta como una de sus principales banderas para permitir que Brasil deje de ser un “paria” en temas climáticos.

El mandatario de izquierda nombró al frente del ministerio de Medio Ambiente a Marina Silva, una reconocida ambientalista que estuvo al frente de esa cartera entre 2003 y 2008, cuando Brasil logró disminuir sensiblemente la deforestación.

El 24 de enero, Silva reconoció en una entrevista que la realidad ambiental de Brasil es “mucho peor” de lo esperado.

“Sabemos que existe un empeño del nuevo gobierno para controlar la deforestación, pero los resultados concretos deben demorar un tiempo para ser observados”, agregó el experto de la WWF-Brasil.

Brasil conversa con algunas potencias occidentales, como Francia, para que aporten recursos y sumen sus esfuerzos al Fondo Amazonía, cuyos principales donantes son Noruega y Alemania.

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Además de la lucha contra la deforestación, el gobierno de Lula encara un combate contra otros delitos, como la minería ilegal, con una operación que busca expulsar a invasores de tierras de la etnia Yanomami, en la mayor reserva indígena del país en la frontera con Venezuela.

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