Hace un año justamente, se daba a conocer que Michoacán ocupaba el segundo lugar nacional en el número de defensores ambientalistas asesinados y agredidos, solamente superados en esta vergonzosa posición por el estado de Oaxaca. Con el homicidio de Eustacio Alcalá en Chinicuila, la cifra crece y muestra una despreocupación del gobierno por atender este problema.
De acuerdo con la organización internacional Global Witness, en la última década, han sido asesinados más de mil 700 activistas defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, de los cuales una tercera parte han ocurrido en México. Lamentablemente, Michoacán ha aportado un número significativo de agresiones en contra de quienes defienden nuestros bosques, nuestros ecosistemas y nuestras tierras y la cifra sigue creciendo.
Por ello, resulta verdaderamente sorprendente que el gobierno de Michoacán haya minimizado el asesinato de Eustacio Alcalá, defensor ambientalista del municipio de Chinicuila, ocurrido el pasado fin de semana.
Eustasio Alcalá acompañaba a tres misioneras que había desaparecido cuando realizaban labores de evangelización en la región de Chinicuila; el gobierno estatal puso énfasis solo en comunicar que ya habían sido localizadas las mujeres y regresado al estado de Querétaro, lugar de donde son originarias…
El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, se refirió a Eustacio Alcalá simplemente como un “chofer” que acompañaba a las misioneras y quien además tendría “nexos familiares con una persona vinculada a la delincuencia”, sin mencionar que la víctima era un defensor ambientalista de su región y quien había logrado, junto con su comunidad, la cancelación de una concesión minera.
Incluso el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, organización nacional defensora de los derechos humanos desde hace 35 años, externó su preocupación por la agresión a través del siguiente mensaje:
“Lamentamos el asesinato de Eustacio Alcalá Díaz, de #Huitzontla, Mich. Su comunidad logró la cancelación de una concesión minera, mediante un amparo trabajado con @CentroProdh. Eustacio era un defensor comunitario del medio ambiente. Exigimos una investigación exhaustiva.”
Apenas en el mes de febrero se había registrado el asesinato de Alfredo Cisneros, en la comunidad indígena de Sicuicho. Cisneros también era un defensor de los bosques de su región y miembro del Consejo Comunitario de Tierras, organización que durante años ha luchado en contra de la depredación ambiental ocasionada por la minería y el cambio de uso de suelo en diversas regiones de la entidad. De Alfredo Cisneros, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán ha expresado que “fue un defensor incansable de los bosques, del territorio y de los derechos colectivos de Sicuicho”.
Pero también en los últimos días del mes de enero, dos comuneros de Aquila, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, desaparecieron sin que hasta el momento se tenga información de su paradero. El Consejo Supremo Indígena ha denunciado la presencia de grupos paramilitares en diversas regiones del estado que operan para apropiarse de bosques y tierras comunales lo que podría explicar algunas de las agresiones que han costado la vida a defensores ambientalistas.
Ahí están las estadísticas, por más que el gobierno las quiera minimizar o esconder: En los últimos 20 años, alrededor de 60 ambientalistas han sido asesinados en Michoacán y lo peor, prácticamente la totalidad de los casos han quedado en la impunidad.
Por ello es importante advertir que no solo era “un chofer” con un familiar presuntamente vinculado a la delincuencia; era un defensor ambiental que fue asesinado en Michoacán. Lamentablemente ni el homicidio de Eustacio Alcalá ni el enfrentamiento en el fraccionamiento Misión del Valle en Morelia -que dejó como saldo dos policías de investigación de la FGE muertos- valió siquiera un mensaje del gobernador en su cuenta de Twitter. Pero hubo espacio para publicar tres felicitaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador por su decisión de comprar 13 plantas generadoras de energía a Iberdrola.
Otro taxista asesinado en Uruapan
La catástrofe que están viviendo los taxistas en el municipio de Uruapan parece no importarle a nadie. Hace unos días nuevamente fue ejecutado un trabajador del volante sin que ninguna autoridad municipal o estatal u organización transportista haya levantado la voz para exigir seguridad y el esclarecimiento de estas agresiones.
Durante el 2022 se registró una decena de ejecuciones de taxistas y quemas de los llamados “sitios de taxis” en Uruapan sin que se haya iniciado algún programa de protección a este grupo de trabajadores. Este año no parece distinto al anterior: el 18 de enero, a plena luz del día y en el centro de la ciudad, fue asesinado un taxista; el 26 de marzo se registró otro homicidio en la colonia La Estrella y el 4 de abril, unos motociclistas atacaron a balazos a un taxista, quitándole la vida.
Especialista en telecomunicaciones.
