A pesar de que el derecho y acceso a las tecnologías de la información y comunicación fueron reconocidos como derechos humanos en México desde 2013, todavía existen amplios sectores de la población que no tienen acceso a internet ni cuentan con los conocimientos mínimos necesarios para aprovechar sus ventajas. Estas carencias serán aprovechadas por partidos y candidatos para sacar aventajar a sus opositores.
Uno de los principales peligros a los cuales se enfrentarán los ciudadanos, ya no será la propaganda emitida a través de millones de spots que estarán siendo transmitidos a través de la radio y la televisión, sino de las llamadas fake news que han comenzado a circular a través de las redes sociales.
Aunado a este problema, el fenómeno de la llamada posverdad o el acceso únicamente a información –sea falsa o verdadera- que sea acorde con nuestras creencias políticas puede limitar el acceso de los ciudadanos a información veraz y de interés público que contribuya a impulsar debates serios sobre los temas de mayor preocupación social, que fomenten la construcción de una opinión pública madura, base indispensable de la democracia.
Sin embargo, las precariedades tecnológicas, económicas y educativas colocan a la ciudadanía michoacana en un enorme riesgo frente a lo que serán unas campañas electorales primordialmente a través de medios mdigitales. El que éstos vayan a ser los únicos comicios en donde no habrá mítines multitudinarios, entregas de despensas masivas ni recorridos callejeros de los candidatos, no los convertirán en los más transparentes y equilibrados de la historia, sino en los que se cambió la movilización de votantes por el acarreo digital.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019 nos muestra que el 90.7 % de los mexicanos que entran a internet lo hacen para obtener información e ingresar a redes sociales (87.8%) pero sólo el 47.3 % accede a periódicos, revistas o libros; es decir, menos de la mitad muestran en portales de medios de comunicación, lo cual tampoco es garantía de veracidad e imparcialidad pero al menos representa un interés legítimo por ello.
Si a esto le sumamos que, de acuerdo con la ENDUTIH, casi el 25 % de la población, principalmente la que se encuentra en condiciones de pobreza y viviendo en localidades rurales de alta y muy alta marginación, no posee un teléfono celular, su acceso a información política será únicamente mediante los spots propagandísticos que lleguen a escuchar y los operadores políticos tradicionales.
Hasta el momento ninguno de los partidos o precandidatos ha explicado cómo será su interacción con el electorado para exponerles su proyecto de gobierno o de trabajo legislativo. Todo se ha limitado a estrategias antiguas empleadas en anteriores campañas proselitistas y a la promoción de su imagen por medio de apariciones pagadas en redes sociales como Facebook, Youtube o Instagram.
Los medios de comunicación también tienen ante sí la enorme responsabilidad de cubrir unos comicios atípicos en un estado con enormes carencias de infraestructura tecnológica, desigualdad económica e ínfimos niveles educativos. Hoy, más que nunca, los medios deberán implementar y fortalecer dos figuras creadas en el periodismo norteamericano: el gatekeeper y el fact-checking que garanticen que la información publicada sea previamente verificada y confirmada para enfrentarse a la masiva difusión de información falsa, incompleta o tendenciosa que inundará la principal vía de información de la ciudadanía: internet.
