El ataque contra tres bares ubicados en una de las zonas más exclusivas de Morelia desnudó la frágil estrategia de seguridad que existe en la entidad. La “contención de crisis” se limitó a echar culpas, lavarse las manos y proponer soluciones absurdas para atender un problema complejo que requiere atender sus causas y no solo sus efectos.
El incendio también mostró la endeble relación que existe entre el gobierno estatal y el municipal en materia de seguridad y exhibió, o al menos así se percibió, el distanciamiento entre las autoridades estatales y el alcalde moreliano, Alfonso Martínez Alcázar. No existió interés por mostrar ante la ciudadanía unidad y coordinación sino, por el contrario, una clara diferencia de opiniones y proyectos sobre cómo se debe atender este problema.
Y las diferencias no solo fueron semánticas sino claramente políticas. Más allá de diferir en calificar el ataque como un “acto terrorista”, el Gobierno del Estado aprovechó la oportunidad para exponer las debilidades de la estrategia de seguridad del gobierno municipal y poner en duda el objetivo principal de su estrategia: la Policía Morelia que es convertir a la Policía Morelia en “la mejor del país”.
Esta postura, encabezada por el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, quien no dudó en criticar la actitud “renuente” del Ayuntamiento de Morelia para “coordinarse con el Estado y la Federación”, fue inmediatamente secundada por el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez, quien no desaprovechó la oportunidad para recodar la negativa del gobierno municipal de adherirse al Convenio Marco de Coordinación Intergubernamental en Materia de Seguridad Pública para el Estado de Michoacán, como si eso garantizara plenamente la seguridad en la capital michoacana.
Incluso el propio Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, no dudó en respaldar los argumentos expuestos por las autoridades estatales, quizá previendo que los graves problemas de inseguridad en Michoacán también se mantienen por la incapacidad la institución que encabeza de resolver los asuntos que le corresponden. La impunidad sigue siendo el incentivo más importante de los criminales.
Pese a todo esto, la posición del gobierno municipal se mantiene firme en consolidar el proyecto de la Policía Morelia sin tener que firmar el Convenio citado, aunque sí manteniendo una estrecha colaboración con las autoridades estatales y federales. Reconocen que todavía no cuentan con el número de policías que requiere la capital michoacana pero aseguran que el proceso de contratación de más elementos es un compromiso para los próximos meses, lo que contribuirá a mejorar la vigilancia.
Y mientras el centro del debate y las críticas se ha enfocado a propuestas absurdas –como destinar a elementos de la Guardia Civil y Nacional a acompañar inspectores municipales o forzar a los antros a convenir con la Policía Auxiliar para la vigilancia de sus establecimientos- quedan abiertas muchas dudas sobre los motivos que tuvo quien llevó a cabo el ataque.
¿Cuántos cárteles y/o grupos criminales operan en Morelia? Si se trató de un ataque del crimen organizado claramente es responsabilidad del Gobierno de la República y la FGR pero si se trata de intentos de extorsión de un grupo de delincuentes locales, entonces la pelota cae en la cancha de la FGE y la SSP.
El ataque abrió nuevamente las críticas al Ayuntamiento por la anarquía en la que operan una gran cantidad de antros que violan abiertamente los reglamentos municipales y ahí está la gran cantidad de quejas de vecinos que lo atestiguan desde hace años. ¿Y cuál es la relación entre una cosa y otra? Pues que la única explicación que encuentran para tal nivel de impunidad es que estos antros sean propiedad o estén protegidos por grupos del crimen organizado. Por supuesto que la corrupción e ineptitud del personal municipal también es un factor.
Otra vez el alcalde Alfonso Martínez tiene la oportunidad de poner orden en Morelia. Ojalá no la desperdicie nuevamente.
STASPE
Nadie puede afirmar que el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreyra, es perredista y mucho menos Silvanista pero sí es verdad que durante el gobierno anterior tuvieron una muy buena relación. Por ello, resulta extraño que ante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla mantenga una posición tan dura.
Si bien se tomó la decisión de prorrogar el estallamiento a huelga para el próximo lunes 17 de abril, llama la atención que no haya llegado a un acuerdo durante la semana. Si por algo se está caracterizando la administración Bedollista, es por imponer orden en las finanzas del estado que estaban hechas un desastre.
Especialista en telecomunicaciones.
