El pasado 8 de octubre la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 109 fideicomisos, cuestión que suscitó la exaltación de los grupos conservadores, la cual como otras tantas es injustificada y electoralista.

Los fideicomisos públicos son herramientas financieras que los gobiernos constituyen para impulsar determinados fines de interés público, pero su estructura y su regulación vuelven complejo el seguimiento al uso de los recursos utilizados en ese mecanismo, favoreciendo el uso discrecional del presupuesto, limitando la transparencia y la rendición de cuentas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), institución encargada de la fiscalización de los recursos públicos, ha evidenciado esta discrecionalidad en la que operan los fideicomisos a pesar de las obligaciones jurídicas y normativas a las que están sujetos; la ASF afirma que los fideicomisos no garantizan la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, y muchos de ellos no cumplen con el objetivo para el que fueron creados.

La misma ASF detectó que del año de 2006 al 2018 en los fideicomisos se presentaron irregularidades por poco más de 32 mil millones de pesos, lo cual no solo constituye un saqueo al erario, sino también son un engaño al pueblo de México.

Nadie dentro de la cuarta transformación ha planteado que se eliminen los apoyos que brindan los fideicomisos, todo lo contrario, estamos convencidas de incrementarlos y transparentarlos. Lo que no podemos seguir tolerando es que políticos corruptos se beneficien a expensas de dinero público.

En 2018 el pueblo de México votó harto por los escándalos de corrupción, cansado e indignado con los gobiernos neoliberales y sus políticas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió durante la campaña a cancelar los fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. Este compromiso junto a otros 99, son el eje central de la política de la cuarta transformación.

Los casi 50 mil millones de pesos que se rescatarán de los fideicomisos opacos, seguirán destinándose a la ciencia, a la educación, a la salud, al deporte, a la cultura y a la protección de víctimas, solo que ahora serán distribuidos sin intermediarios de forma transparente y directa a las y los beneficiarios.

Seguiremos luchando porque la mayoría que históricamente ha sido excluida sea tomada en cuenta. Actualmente más de 27 millones de personas se benefician de los Programas para el Bienestar, lo cual equivale al 64.3 por ciento de hogares mexicanos.

No ha sido fácil acabar con los estragos del neoliberalismo y la corrupción, pero estoy convencida de que estamos cumpliendo con el compromiso que establecimos con el pueblo de México, y que heredaremos un país más justo a nuestras hijas e hijos.

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